San Juan, 8 ago.- Los independentistas puertorriqueños reiteraron hoy que están contra la reducción del tamaño de la Asamblea Legislativa de la isla, compuesta por Senado y Cámara de Representantes, asunto sobre el que se pronunciará la ciudadanía en referéndum el próximo día 19.
El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, señaló hoy a Efe que su formación pide el voto en contra de la enmienda a la Constitución, necesaria para reducir la Asamblea Legislativa, por tratarse de una iniciativa que no solucionará los problemas de esas cámaras.
Martín aseguró que se trata de una medida apoyada por los dos grandes partidos de Puerto Rico, Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD), para "entronizar el bipartidismo en la isla caribeña".
El líder del PIP aseguró que el gobernante PNP, que aboga por la anexión de la isla caribeña a Estados Unidos, trata con el referéndum sobre la reducción de la Asamblea Legislativa, que coincide con el de la limitación de la fianza en caso de asesinato, de aprovechar el descontento de la población.
Martín subrayó que el objetivo real de la consulta sobre la reducción de la Asamblea Legislativa es el de impedir el acceso a Senado y Cámara de Representantes de miembros de las formaciones minoritarias en Puerto Rico.
Aseguró que en ese objetivo van de la mano tanto el PNP que ha impulsado la consulta como el opositor PPD, formación que favorece el mantenimiento del estatus de Puerto Rico como Estado Libre Asociado a Estados Unidos.
La consulta forma parte del programa del gobernador Luis Fortuño, quien ha enviado el mensaje a la ciudadanía de que la reducción del tamaño de Senado y Cámara de Representantes dará paso a un legislativo más eficiente y ahorrará millones de dólares a los contribuyentes en un momento de profunda crisis económica.
La llamada reforma legislativa requiere enmendar la Constitución de Puerto Rico y ese paso a su vez tiene que ser aprobado por la ciudadanía en referéndum.
El plan del Ejecutivo es el de reducir el número de miembros de la Asamblea Legislativa de 78 a 56, lo que dará lugar a un Senado, en caso de salir adelante la votación, con 17 integrantes, 11 senadores de distrito y 6 por acumulación.
La Cámara de Representantes pasará a contar con 39 miembros, 33 por distrito y 6 por acumulación.
La propuesta de enmienda mantiene la estructura bicameral y, según el Gobierno, facilitará una reducción millonaria de costes, además de la citada mayor eficacia de sistema.
Las formaciones minoritarias, encabezadas por el PIP, rechazan la reducción de los escaños por acumulación, ya que entienden que alcanzar los votos necesarios para obtener aunque fuera el sexto y último será prácticamente imposible para un partido que no sean los dos mayoritarios PNP y PPD.
Los críticos con la reforma apuntan que los escaños por acumulación fueron creados precisamente para abrir un espacio a las minorías.
Además del PIP, las otras formaciones minoritarias rechazan la reforma, el caso del Movimiento de Unión Soberanista, cuyo candidato a gobernador, Enrique Vázquez, aseguró que la iniciativa perpetuará el bipartidismo y no reducirá el presupuesto de la Asamblea Legislativa.
El candidato de Puertorriqueños por Puerto Rico, Rogelio Figueroa, mantiene la misma línea e indica que se trata de un intento de frenar la entrada de nuevas formaciones al legislativo.
Por parte del Partido del Pueblo Trabajador, su candidato, Rafael Bernabé, destaca que con la medida se reducirá la representatividad, además de advertir que se deberían abordar otros asuntos prioritarios como las dietas y otros beneficios para los legisladores.
El Ejecutivo estima que la reforma supondrá un ahorro de entre 80 y 100 millones de dólares para los contribuyentes por cuatrienio y una disminución del 30 por ciento en el número de legisladores.
El salario básico de un legislador en Puerto Rico es actualmente de 73.765 dólares anuales.
La consulta para la reducción del tamaño de la Asamblea Legislativa en Puerto Rico ocupa un lugar muy secundario en la opinión pública al coincidir, el día 19, con la que preguntará a la ciudadanía sobre la limitación del derecho de fianza.
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