Indignación en la judicatura por el veto de Interior a la visita al CIE de Canarias

La decisión del ministerio de Interior de prohibir, por segundo año consecutivo, la visita al CIE de Barranco Seco (Las Palmas) a los asistentes al Foro de Inmigración que se celebra estos días en la localidad canaria de Meloneras, ha provocado las críticas de las asociaciones de la judicatura, cuyos miembros asisten al encuentro.

La visita al CIE, que en la actualidad alberga a 32 inmigrantes, la mayoría de origen africano, estaba prevista para mañana en el programa de este foro, una cita anual para los profesionales de la judicatura, promovida por el Consejo General del Poder Judicial y organizada por el Gobierno de Canarias, y entre cuyos objetivos está conocer de primera mano el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros y debatir sobre el marco legislativo en materia de inmigración.

Jueces para la Democracia ha instado al Consejo General del Poder Judicial a que exija a Interior que reconsidere una prohibición "arbitraria y poco transparente" que, en su opinión, sólo conduce a "quebrar la confianza en las instituciones y a dudar legítimamente acerca del grado de cumplimiento de la ley en el interior de estos centros, de un modo inadmisible en un estado de derecho".

Pero el CGPJ no podrá pronunciarse a tiempo ni exigir tampoco a Interior que recapacite. Según informan fuentes del máximo órgano de los jueces, las decisiones en estos casos corresponden a la Comisión Permanente, que se reune los martes y por tanto, no habrá valoraciones hasta la próxima semana.Dudas sobre la situación en el centro

Hasta el momento, la secretaría de Estado de Seguridad sólo ha justificado el veto en la carencia de "amparo legal para la concesión", según le ha hecho saber al Gobierno de Canarias a través de un escrito. En ese texto se alude además a supuestos informes que desaconsejan su autorización, cuyo contenido no ha trascendido. El año pasado,el Gobierno argumentó la decisión en que en las "normas de funcionamiento de régimen interno de los CIE no están contempladas las visitas".

Sin embargo, sí había permitido en anteriores convocatorias las visitas a los centros de Aluche, en Madrid, o de El Matorral, en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Como también autorizó ayer que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recorriese las instalaciones. Becerril evitó no obstante pronunciarse sobre la prohibición, limitándose a apuntar que la decisión no era de su competencia. La institución indica a este periódico que se reserva las conclusiones de la visita para el informe anual, que próximamente será publicado.

Por su parte, el Gobierno canario ha hecho saber a Interior su malestar en un comunicado, firmado porel consejero de Presidencia y Justicia de la comunidad autónoma, Francisco Hernández Spínola (PSOE), en el que acusa al departamento de actuar con una "opacidad injustificada y nada conveniente, más aún cuando a los que se impide acudir son aquellos que actúan como garantes de la legalidad y de los derechos fundamentales".

"Ni hemos recibido los informes que dice el Gobierno, ni se nos adjuntan, ni sabemos su contenido", confirma a este periódico Pedro Herrero, viceconsejero de Justicia.

El veto alimenta las dudas sobre la situación en la que se mantiene a los irregulares en estos centros, cuyas condiciones han sido denunciadas en repetidas ocasiones por las organizaciones de derechos humanos.

De hecho, el CIE de Barranco Seco aprovechó las instalaciones de la antigua prisión provincial, que en su momento albergó a los detenidos durante la Guerra Civil. "Resulta llamativo que fueran descatalogadas para su uso como cárcel, pero consideren que sí están en condiciones para tener allí a los inmigrantes", afirma Inés Herreros, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. En 2012, esta asociación ya advirtió al Ejecutivo de las importantes deficiencias estructurales y de funcionamiento detectadas en estos centros y de su incidencia en la vida diaria de los internos.

Herrero recuerda que todos los jueces de guardia del territorio nacional tienen competencia para adoptar las medidas que ordenen el ingreso de los inmigrantes en estos centros y por ello, "necesitan saber las condiciones en las que se encuentran". Irregulares que son privados de libertad, advierte, " no por haber cometido un delito, sino por una situación de irregularidad administrativa". Desde la asociación comparten la valoración de los jueces y afirman que supone una "total falta de transparencia y de respeto a la ciudadanía, al poder judicial y a las instituciones públicas, aparte de que demuestra una concepción muy poco democrática de los derechos humanos".

Por su parte desde el Gobierno canario afirman que el centro no tiene nada que esconder, "no tenemos constancia de ninguna anomalía. Incluso me atrevería a decir que la situación en que se encuentra, como otros CIES, es mejor hoy que hace unos años", afirma el viceconsejero de Justicia.

Junto con la oposición de jueces y fiscales, la decisión de Interior tropieza además con las recomendaciones de los organismos internacionales. En un informe publicado en 2013, el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa instaba a España a que promoviese las visitas judiciales a todo tipo de centros de detención.