La indignación no es nueva, pero quizás ahora implica una todavía mayor gravedad. El Gobierno español acordó el pasado viernes una subida del nivel de alerta antiterrorista a grado 4, de cinco posibles, que, sin embargo, no ha sido comunicada a los agentes.
La opacidad que denuncian las fuentes policiales consultadas por este diario se repite cada vez que se decide un cambio en el nivel de alerta. Ya ocurrió, señalan, el pasado enero, cuando, tras los atentados al semanario francés Charlie Hebdo, se elevó a nivel 3. En muchas comisarías se llegaron a enterar del cambio por la prensa, y los agentes encargados de patrullaje dijeron no haber recibido orden alguna ni información oficial hasta varios días después.
El cambio de alerta, que se mantendrá hasta el momento de forma indefinida, fue comunicado por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en la reunión de urgencia de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, que el pasado febrero fue firmado entre PP y PSOE. En el encuentro participaron el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el portavoz de la Comisión de Interior del Congreso, Conrado Escobar. Por parte socialista, acudió el secretario de Acción Política y Ciudadanía, Patxi López, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, y el diputado del PSOE, José Enrique Serrano.
Desde hace tiempo, las organizaciones profesionales denuncian que la gestión de la que se considera la mayor amenaza mundial en la actualidad-reconocida así propio ministro de Interior, compromete gravemente su seguridad. Ellos son no únicamente los encargados de velar por la vigilancia ciudadana, y evitar posibles atentados, sino blanco de los radicales. Desde hace tiempo se sospecha de la posibilidad real de que los yihadistas planeen como operación de impacto el secuestro de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil para grabar y difundir su ejecución en vídeo.
Los agentes reclaman un protocolo unificado en todas las policías europeas, más medios y criterios conjuntos. El Consejo Europeo no adoptó hasta el pasado mayo sus primeras medidas vinculantes para combatir el yihadismo en Europa y que prevén facilitar la creación de una red de contactos nacionales para intercambiar información en cualquier momento o combatir el adoctrinamiento terrorista en escuelas, prisiones o Internet, un factor considerado esencial para evitar la formación de nuevos yihadistas dispuestos a atentar.
El nivel 4 adoptado el viernes implica el "máximo reforzamiento de los dispositivos de seguridad en la vigilancia de objetivos susceptibles e infraestructuras criticas", según informó el titular de Interior. A efectos prácticos, supone un refuerzo de la vigilancia en aquellos lugares que puedan ser considerados objetivo para un ataque, así como en infraestructuras igualmente susceptibles (centrales nucleares, plantas químicas, instalaciones eléctricas, centros de comunicaciones o aeropuertos y estaciones de tren y autobús).
Los eventos masivos y otros puntos con especial afluencia de gente también contarán con más efectivos visibles. El ministro de Interior motivó la subida en la cercanía de dos de los países objeto de ataques, la proximidad del primer aniversario de la proclamación del Califato del Estado Islámico, este pasado lunes, y la existencia de informaciones reservadas de los servicios secretos, un extremo del que no ofreció más detalles.
Este nivel de alerta sólo fue activado tras los atentados de Atocha, en 2004, y en ocasiones muy puntuales, como la proclamación real. Fernández Díaz. Se trata de la segunda subida en el nivel de alerta desde el pasado enero, cuando ésta ya aumentó a 3 tras el ataque al semanario francés Charlie Hebdo. Por el momento, señalan fuentes consultadas, no se contempla que el nivel de alerta sea elevado a 5, un grado que implicaría un "riesgo muy alto" de atentado inminente y que exige la adopción de medidas excepcionales, como la presencia constante de militares en las calles.
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