Melilla ha registrado entre enero y julio de 2018 un total de 3.214 entradas irregulares de inmigrantes, un 40,84 % más respecto al mismo periodo del año pasado, lo que supone un aumento de 932. Según el balance provisional sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior, gran parte de las entradas tuvieron lugar por las fronteras terrestres entre Marruecos y Melilla, aunque el mayor incremento se registró en la vía marítima.
Los datos oficiales indican que desde el 1 de enero al 30 de julio han accedido de forma irregular a Melilla 2.736 inmigrantes por vía terrestre, un 30,2 % más que en el mismo periodo de 2017, cuando se contabilizaron 2.101. El aumento es, por lo tanto, de 635 en lo que va de año, lastrando la estadística nacional en este apartado, ya que Ceuta, pese a sufrir el pasado 26 de julio uno de los saltos a la valla más multitudinarios de los últimos años, registra descensos en las entradas por las fronteras terrestres. Las entradas irregulares en Melilla por vía marítima han crecido más del doble respecto a los primeros siete meses de 2017, con 19 embarcaciones que llevaban un total de 478 personas, frente a las nueve pateras con 181 inmigrantes del mismo periodo del año pasado.
Según el cómputo global del Ministerio del Interior, la entrada irregular a España vía marítima ha subido un 157 % en lo que va de este año, sumando 22.301 inmigrantes en 960 embarcaciones, es decir, 13.624 más que en el mismo periodo de 2017, cuando hubo 8.677 en 454 embarcaciones.
En este sentido, Gobierno y comunidades autónomas analizarán la situación migratoria en España, con más de 22.000 llegadas en los primeros siete meses de 2017, y las líneas de actuación para hacerle frente en la Conferencia Sectorial de Inmigración que presidirá la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. La reunión se produce después de que la Comisión Europea haya anunciado que ampliará en otros tres millones de euros la ayuda inicial de 26,5 millones que ha otorgado a España para la asistencia de emergencia a los inmigrantes que llegan a las costas y de que el Gobierno haya impulsado un plan de choque de 30 millones hasta fin de año para atender la presión migratoria.
Se trata de un plan de subvenciones dirigidas, fundamentalmente, a proyectos de ONG para reforzar los dispositivos migratorios en la frontera sur, atender a los inmigrantes a pie de playa, ampliar las plazas de atención humanitaria y crear un nuevo servicio de asistencia y supervisión. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, estos 30,2 millones de euros no suponen un incremento del gasto del Departamento, sino que proceden de una reordenación del presupuesto que, en principio, estaba destinado a otras partidas.
Además, el Gobierno dispondrá de cerca de 30 millones de euros para asistencia de emergencia de la Comisión Europea: 26,5 millones aprobados el 2 de julio y la ampliación de 3 millones anunciada el viernes por el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos. Avramopoulos aseguró que España no atraviesa en este momento una crisis migratoria y que la presión que afronta el país por el incremento de las llegadas desde Marruecos es "manejable", así como aseguró que "no está sola" y anunció que contará con el apoyo "práctico, financiero y político" de la Comisión. Este fue el mensaje que el responsable europeo de inmigración transmitió a la vicepresidenta, Carmen Calvo; al ministro de Exteriores, Josep Borrell; al del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la de Empleo, Magdalena Valerio, en sus encuentros.
Sobre la mesa de análisis de la Conferencia Sectorial de este lunes estará también la decisión del Gobierno de crear un mando único operativo, al frente del cual se situará un general de la Guardia Civil, para coordinar las actuaciones frente a la inmigración irregular en el estrecho de Gibraltar. La creación de esta autoridad única fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término del Consejo de ministros del pasado viernes, quien explicó que se trata de un dispositivo similar al que creo el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2006 ante la llegada masiva de pateras a Canarias.
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