Madrid, 16 oct.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido hoy en el Congreso el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, un texto "profundamente garantista" y con "perfecto encaje en el ordenamiento jurídico" que, sin embargo, cuenta con el rechazo de toda la oposición.
En su primera intervención antes de que todos los grupos parlamentarios de la oposición -PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV y UPyD, además de tres partidos del grupo mixto (Amaiur, BNG y Geroa Bai)- expongan sus enmiendas a la totalidad, Fernández Díaz ha recordado que el proyecto ha sido "enriquecido" y retocado con respecto al primer borrador.
Por eso, durante más de media hora, el titular de Interior ha desgranado las principales novedades del proyecto, como la prohibición por primera vez por ley de las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, la regulación de los cacheos o que el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas no supere el plazo máximo de seis horas.
Y en este último punto, ha explicado el ministro, todos los ciudadanos recibirán un "volante acreditativo" con la duración y motivo de esa estancia en dependencias policiales, al tiempo que se eliminará del "libro registro" esa diligencia a los tres años.
Respecto a las sanciones, las infracciones muy graves (4) estarán multadas con entre 30.000 y 600.000 euros; las graves (26), con entre 1.000 y 30.000 euros, y las leves, con multas 100 a 1.000 euros, las mismas cantidades hasta ahora vigentes.
Precisamente, otra de las novedades respecto al primer borrador es la división de las sanciones muy graves y graves en grados máximo, medio y mínimo y que, como norma general, se impondrá la multa en el grado más leve, en el medio cuando concurra al menos una circunstancia agravante como reincidencia y en grado máximo únicamente cuando los hechos revistan especial gravedad.
Además, dentro de cada grado se individualizará la sanción con criterios recogidos en la ley, entre los cuales figurará la capacidad económica del infractor.
"No se trata de sancionar más sino con mayores garantías y menos discrecionalidad", ha enfatizado Fernández Díaz antes de subrayar que el texto también fija criterios de actuación más claros para las fuerzas de seguridad como la proporcionalidad o que la intervención policial en manifestaciones sea "el último recurso".
También incluye el proyecto que los agentes constaten todos los elementos probatorios cuando practiquen una diligencia o que estos puedan comprobar las medidas de seguridad del DNI, con el objetivo de evitar que un ciudadano se niegue a dárselo a un policía y se limite solo a exhibirlo.
En definitiva, la nueva ley pretender dotar a "todas" las fuerzas de seguridad del Estado de un marco jurídico adecuado para cumplir con "eficacia" el mandato constitucional de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. EFE
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