Interior "hará cumplir" la orden de la Audiencia para prohibir el homenaje a Riera

Barcelona.- El departamento de Interior de la Generalitat "hará cumplir" la orden dictada hoy por la Audiencia Nacional para prohibir el acto de homenaje a la colaboradora de ETA Laura Riera, convocado para mañana en el barrio barcelonés de Gràcia para celebrar su liberación al cumplir su condena de 9 años.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado prohibir el acto de homenaje a Laura Riera, condenada por ser colaboradora del "comando Barcelona" de ETA, al considerar que su celebración supondría una exaltación de su "currículo delictivo".

Fuentes de Interior consultadas por Efe han señalado que la conselleria adoptará las medidas pertinentes para "hacer cumplir" la orden del magistrado.

El juez, que ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía y de Dignidad y Justicia, ha ordenado a la Conselleria de Interior de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil que adopten las medidas necesarias para hacer efectiva la prohibición y evitar que se cometan hechos delictivos que "entrañen" enaltecimiento a personas u organizaciones terroristas.

El acto de apoyo a Riera, convocado por plataformas alternativas a través de Internet y cartelería bajo el lema "Benvinguda Laura! (presa política catalana)", se tenía que celebrar mañana a las 19.00 horas en la Plaça Raspall del barrio de Gràcia de Barcelona, donde luego se había previsto una marcha de antorchas para defender la liberación de las "presas políticas".

Laura Riera fue detenida y encarcelada provisionalmente en 2001 por su supuesta colaboración con ETA, acusada de aprovechar su trabajo en el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) para facilitar al "comando Barcelona" el número de matrículas de coches de sus supuestos objetivos.

Posteriormente, en mayo de 2004, fue condenada por la Audiencia Nacional a 9 años de cárcel, al igual que a otros dos colaboradores de ETA en Cataluña: Zigor Larredonda y Diego Sánchez, que ya quedaron en libertad en pasado febrero.

Según la sentencia condenatoria, Riera, que trabajaba como auxiliar administrativo en la sección de multas del Ayuntamiento de Terrassa, entró al menos en doce ocasiones, entre mayo y diciembre de 2000, en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) para obtener el número de matrículas de varios objetivos de ETA, entre ellas la del concejal del PP de Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, que fue asesinado con una bomba-lapa en su vehículo el 14 de diciembre de 2000.

Larredonda y Sánchez ya fueron homenajeados en febrero pasado en un acto que el colectivo de apoyo a los presos convocó en las Cocheras de Sants.