Interrogan a la exministra de Agricultura rusa por nuevo caso de corrupción

  • La exministra de Agricultura rusa, Yelena Skrinnik, fue interrogada hoy en relación con el caso penal de malversación de 39.000 millones de rublos (1,3 millones de dólares) en fondos públicos del consorcio Rosagrolizing.

Moscú, 13 feb.- La exministra de Agricultura rusa, Yelena Skrinnik, fue interrogada hoy en relación con el caso penal de malversación de 39.000 millones de rublos (1,3 millones de dólares) en fondos públicos del consorcio Rosagrolizing.

Skrinnik, quien encabezó entre 2001 y 2009 el consorcio estatal, acudió a la cita en calidad de testigo, según informan las agencias locales.

La televisión pública denunció en noviembre de 2012 multimillonarias irregularidades financieras en Rosagrolizing cuando ésta era dirigida por Skrinnik.

La antigua titular de Agricultura entre marzo de 2009 y mayo de 2012, que estaba en ese momento en Francia, acusó al canal de difamación y calumnia, y amenazó con presentar una querella judicial.

Además, en declaraciones a otro canal de televisión rusa, Skrinnik denunció una campaña de persecución política contra su persona.

Rosagrolizing se encarga de suministrar maquinaria agrícola a las administraciones regionales, productores y compañías de licitación.

Skrinnik es el segundo ministro ruso que es interrogado en los últimos meses por un caso de corrupción, ya que el extitular de Defensa, Anatoli Serdiukov, ya ha sido citado a declarar en varias ocasiones desde diciembre pasado debido a un escándalo en su cartera.

En el marco de la campaña anticorrupción lanzada por las autoridades rusas, se han descubierto varios casos de corrupción en la administración pública, como la malversación de fondos durante organización de la cumbre de la APEC.

El jefe de la Cámara de Cuentas de Rusia, Serguéi Stepashin, denunció el pasado año que más de un billón de rublos (más de 30.000 millones de dólares) desaparece anualmente de las arcas del Estado ruso.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha promulgado una ley que obliga a los miembros del Gobierno a declarar sus gastos, y ha remitido esta semana otra a la Duma o cámara de diputados para prohibir a los funcionarios que tengan cuentas bancarias en el extranjero.

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