Santiago de Chile, 9 ene.- La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de Chile inició hoy el interrogatorio a Pablo Wagner, subsecretario de Minería en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), por los delitos de cohecho y lavado de dinero relacionados con las elecciones parlamentarias celebradas en 2013.
Wagner, que ingresó a las dependencias de la Fiscalía alrededor de las 15.20 horas (18.20 GMT), también fue notificado hoy de una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), la que además afecta a su cuñada María Carolina de la Cerda, que se enmarca en el llamado caso "Penta".
El interrogatorio a Wagner, que puede extenderse por varias horas, se da un día después de la Fiscalía chilena pidiera el procesamiento de los dueños del grupo económico Penta, a quienes acusa de soborno y delito tributario en la financiación de campañas políticas en 2013.
El "Pentagate", como le han denominado los medios locales, involucra a empresarios y políticos derechistas y dentro del caso Pablo Wagner es acusado de facilitación y uso de boletas de honorarios falsas, obtención indebida de devoluciones de impuestos y omisión de ingresos en sus declaraciones de impuestos a la renta.
Se trata de al menos 59 boletas de honorarios falsas, emitidas entre 2009 y 2014, por un total de 120 millones de pesos (unos 200.000 dólares), cuyos destinatarios fueron varias empresas del grupo Penta.
De acuerdo con las normas vigentes, estos delitos tienen penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta el 400 % del monto defraudado.
El exsubsecretario compareció acompañado de sus abogados defensores Sebastián Dal Pozzo y Gonzalo Medina para atestiguar por primera vez y en calidad de imputado por sus supuestos vínculos en los hechos indagados.
Este jueves la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad pidió, entre otros, procesar a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del grupo Penta, un conglomerado económico que administra activos por valor de 20.000 millones de dólares.
La solicitud, presentada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, se concretó después de que varios de los ejecutivos fueran interrogados extensamente en los últimos días con el fin de esclarecer el uso de recursos económicos que supuestamente fue entregado de manera fraudulenta a varios políticos durante las elecciones parlamentarias de noviembre de 2013.
La investigación judicial, cuyo secreto sumarial fue levantado recientemente, ha sacado a la luz correos electrónicos enviados a los directivos de Penta que ponen en evidencia a políticos presuntamente beneficiados por financiación ilegal durante sus campañas electorales.
La polémica por la financiación de las campañas políticas, que en Chile permite aportes reservados de empresas privadas, surgió a raíz de la investigación abierta por la Fiscalía a los principales socios del grupo Penta por fraude al Fisco.
De hecho, el Servicio de Impuestos Interno (SII) denunció a los dueños de Penta como autores de delito tributario por la emisión indebida de boletas de honorarios y facturas falsas con el fin de disminuir la base imponible del impuesto a la renta por unos 2.000 millones de pesos (3,38 millones de dólares).
Hugo Bravo, exejecutivo de Penta, fue quien abrió el capítulo político del caso al denunciar ante el Ministerio Público que el grupo controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín financiaba las campañas del partido ultraconservador Unión Demócrata Independiente (UDI) con dinero proveniente de negocios ficticios que acreditaban con boletas y facturas falsas.
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