Así lo ha indicado este viernes en una rueda de prensa el diputado provincial de Transparencia en la Diputación de Valencia y miembro de València en Comú, Roberto Jaramillo, que será el encargado de presidir dicha comisión. El pleno ordinario que la corporación provincial celebrará el próximo martes aprobará la creación de este nuevo organismo, a través de una moción impulsada por su equipo de gobierno que conforman PSPV, Compromís, València en Comú y EU.
Jaramillo ha indicado que tras el visto bueno del pleno, la comisión de investigación, con la que se pretende conocer lo que ha ocurrido, depurar responsabilidades y que se devuelva el dinero defraudado a esta institución, "ya existirá formalmente" y ha explicado que "el siguiente paso será convocarla a primeros o mediados de abril" para comenzar su andadura. Está previsto que forme parte de esta comisión un representante de cada uno de los grupos políticos de la corporación provincial, además de los citados, el PP y Ciudadanos --que respaldan crear la comisión--.
El responsable provincial ha señalado que si ha levantado para entonces el secreto del sumario del caso Imelsa en la parte que afecta a la Diputación --ha comentado que si la próxima semana se levanta dentro de esta causa el relacionado con la Operación Taula sólo afecta al Ayuntamiento de Valencia--, comenzará su labor de investigación y las comparecencias, pero ha precisado que si esto no se ha producido la comisión trabajará para que se inicie el proceso de auditoría ciudadana.
En este sentido, ha manifestado que aunque se mantenga el secreto del sumario "hay ya trabajo que hacer" porque se dispone de "documentación pública" que no está afectada por esta medida del juzgado que investiga la causa --el número 18 de Instrucción de Valencia-- que puede analizarse.
"EQUIPO MIXTO"
Jaramillo ha indicado que se trata de "información de la casa, de la Diputación", que es "pública" y que "se ha colgado en el portal de transparencia" de la corporación. "El equipo que lleve a cabo la auditoría ciudadana puede empezar a trabajar, hay pasado que ya se pueden dar porque hay información nuestra, contratos, sobre los que ya se puede comenzar a trabajar", ha comentado al respecto.
Roberto Jaramillo ha expuesto que para llevar a cabo esa auditoría se pretende constituir un "equipo mixto" de "un máximo de 15 ó 20 personas" conformado por "funcionarios y representantes de la ciudadanía, con miembros de las dos universidades públicas valencianas, la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València y de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD)". Ha apuntado que no se ha decidido aún si habrá políticos en ese grupo.
El diputado, también concejal de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Valencia, ha considerado un "reto" llevar a cabo esta auditoría teniendo en cuenta que "no hay instituciones grandes que hayan hecho una como la planteada" en este caso y también resolver cuestiones de carácter "jurídico" como la de que "gente externa" pueda tener acceso a información no pública o a las cuentas. Asimismo, ha dicho que se trata de "un proyecto ambicioso" porque "pretende llegar hasta las últimas consecuencias" para conocer todo lo sucedido en el caso Imelsa.
APELAR A LA CONCIENCIA
Por otro lado, preguntado por las comparecencias que se puedan solicitar en la comisión de investigación y por si las personas que se citen tienen la obligación de comparecer, el diputado ha indicado que "no están obligadas a ello".
No obstante, ha apelado a su "conciencia" para que "acudan, especialmente, los cargos públicos que han ostentado responsabilidades --en la anterior legislatura con el PP-- y que han manejado dinero de todos" con el fin de que puedan "dar explicaciones a toda la ciudadanía".
"Es necesario hacer un trabajo importante y ahí apelo al PP, para que con las herramientas que tenga pueda presionar" para que "acudan" y se lleve a cabo "un ejercicio de valor y respeto hacia la ciudadanía", ha manifestado Jaramillo.
PERSONACIÓN EN LA CAUSA
Por otro lado, respecto a la intención de la Diputación de Valencia de personarse en el caso Imelsa, como anunció esta semana su equipo de gobierno, Roberto Jaramillo ha indicado que se ha encargado un "informe a los servicios jurídicos" de la institución para conocer si era posible solicitar esa personación. Ha declarado que es viable y que se hará "cuando se levante el secreto del sumario" aunque ha matizado que será el juez "quien decida si la acepta o no".
Igualmente, preguntado por el dinero que podría haberse explicado de la Diputación con las acciones que se investigan en el caso Imelsa, el responsable provincial ha aludido a las declaraciones realizadas al respecto recientemente por la diputada de EU Rosa Pérez y ha descartado dar una cifra concreta. Ha dicho que Pérez, "una de las personas que más sabe" de este caso al ser la que presentó la denuncia que ha dado lugar a la investigación, fue "incapaz de calcularlo" y que apuntó que "cualquier cifra que pudiera dar se quedaría corta".
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