Investigan a cirujanos que pudieron cobrar comisiones por poner prótesis defectuosas

    • 60 personas más, 47 de elloscirujanos, están siendo investigadas por cobrar comisiones por colocar protesis caducadas y en mal estado.
    • El juez asegura que el presunto cobro de comisiones"hace saltar por los aires" el juramento hipocrático.
El Gobierno de Castilla-La Mancha financiará el 100% del importe de las prótesis a los menores de 18 años amputados
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El juez que instruye el caso Innova, Diego Álvarez de Juan, ha levantado este miércoles el secreto de sumario sobre la causa que investiga a unas 60 personas más, 47 de ellos cirujanos, por presuntamente cobrar comisiones ilegales de Traiber por colocar sus prótesis, muchas de ellas defectuosas.

El juez ve tres circunstancias de "apariencia delictiva". La primera de ellas, que la empresa presionó presuntamente a médicos para que compraran sus prótesis.

También detecta "sobornos a médicos en forma de presuntos pagos en metálico para colocar sus prótesis", y colocación de prótesis presuntamente en mal estado.Violación del juramento hipocrático

El juez asegura que el presunto cobro de comisiones "hace saltar por los aires" el juramento hipocrático de los profesionales de la Medicina, mientras que el código deontológico médico recibe un gran golpe en su línea de flotación.

El juez constata que no se presionó o no se pagó, precisamente, para poner las mejores prótesis del mercado, ni siquiera las menos malas, sino que "se presionó y se pagó por colocarprótesis caducadasy en mal estado".

Por otro lado, el magistrado ve una elevada capacidad de la empresa para relacionarse con las más altas instancias políticas a nivel local y autonómico usando esas relaciones "para influir y presionar en las decisiones políticas con el fin de lucrarse con la adjudicación de contratos".

Estas personas están investigadas, concretamente, por presuntas participaciones en delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos, alteración de precios en concursos y subastas públicas, tráfico de influencias, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos.

También les investiga por presunto delito societario, fraude, corrupción entre particulares, falsedad documental, delito contra la salud pública y blanqueo de capitales.

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