Investigan a ministros y policías colombianos por retoma del Palacio Justicia

Bogotá, 6 nov.- La Fiscalía General de Colombia investigará las acciones de ministros y altos mandos policiales del Gobierno del expresidente Belisario Betancur (1982-1986) durante la retoma del Palacio de Justicia tras la ocupación de esta sede en 1985 por parte de la guerrilla del M-19, hoy desmovilizada.

Al cumplirse hoy 28 años de esa operación, el fiscal general, Eduardo Montealegre, explicó que abrirá tres líneas de investigación para establecer posibles responsabilidades entre quienes estuvieron vinculados con la toma de Palacio de Justicia.

La cruenta toma y retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, 22 funcionarios, siete auxiliares del tribunal, 11 miembros de la Fuerza Pública, numerosos guerrilleros y civiles, mientras una cifra no precisada de personas fue dada por desaparecida.

Según un comunicado de la Fiscalía, en el que no se revela el nombre de los investigados, una de las líneas apunta a la presunta responsabilidad penal que se les podría atribuir a algunos de los ministros del expresidente Betancur.

"Hay que recordar que el Tribunal Superior de Bogotá le pidió al Fiscal de la Corte Penal Internacional que asumiera la investigación en el tema del Palacio de Justicia, específicamente frente a una eventual responsabilidad del expresidente Belisario Betancur", agregó Montealegre.

Otra investigación tiene que ver, según el fiscal, con la posible responsabilidad de altos mandos de la Policía en la época.

"Específicamente vamos a determinar si existe algún tipo de responsabilidad del general Víctor Delgado Mallarino y de las personas de la Policía Nacional que en ese momento estuvieron en contacto con la toma del Palacio de Justicia", señaló el fiscal.

Mallarino era el director general de la Policía en la época de la toma del Palacio de Justicia, ubicado en la céntrica plaza de Bolívar junto a las sedes del Ejecutivo y del Legislativo.

La tercera línea "establecerá eventuales responsabilidades" del entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), el general Miguel Maza Márquez.

Por otra parte, Montealegre señaló que comparte "la orientación que le está dando el Consejo de Estado al calificar los hechos del Palacio como delito de lesa humanidad".

Explicó que la Fiscalía va a solicitar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, único ente autorizado para juzgar a los expresidentes, un informe sobre las investigaciones de Betancur para "aunarla al proceso" y prevenir que la Corte Penal Internacional (CPI) tome después el caso.

La toma del Palacio Justicia comenzó poco antes del mediodía del 6 de noviembre de 1985 cuando se escucharon varias explosiones y disparos en el corazón de Bogotá por la ocupación guerrillera y concluyó al día siguiente cuando militares y policías recuperaron el control del edificio, arrasado tras una noche de combates.

Durante muchos años se ha considerado que la ocupación del Palacio de Justicia fue obra del M-19 asociado con Pablo Escobar, el jefe del desarticulado cartel de Medellín.

Los que defienden esa hipótesis aseguran que los guerrilleros "iniciaron el incendio" del Palacio la noche del 6 de noviembre para quemar los archivos en los que estaban entonces las pruebas contra Escobar y documentos en los que se estudiaba la extradición de los narcotraficantes.

Sin embargo, el M-19, que posteriormente depuso las armas y entró en la política, siempre ha negado esa alianza con la mafia del narcotráfico.