¿Irá a la cárcel Mas?... y otras preguntas con respuesta sobre su imputación

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, tendrá que acudir a declarar como imputado el próximo día 15 de octubre. A Mas se le acusa de cuatro delitos, que conllevan diferentes penas, incluso de cárcel.

La decisión que ingrese en prisión queda en manos del juez, pese a que la pena es menor a dos años. Ya existe un precedente político, el del expresidente balear Jaume Matas, que fue condenado a 9 meses de prisión e ingresó en la cárcel.

Si es condenado, si que debería abandonar el cargo público, y se enfrentaría a distintas multas.

¿Cuál es el origen de la imputación de Artur Mas?

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó en noviembre interponer una querella contra el presidente autonómico catalán y dos miembros de su Ejecutivo por la organización de una consulta simbólica -sin valor legal- en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron a favor de la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes.

El TSJC decidió abrir una investigación contra Mas y la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, tras estimar las siete querellas y una veintena de denuncias presentadas. Durante estos meses han declarado varios testigos y se ha recabado documentación sobre contratos de la Generalitat con empresas públicas para temas logísticos e impresión de papeletas.

Se ha comprobado, gracias a esa documentación, que se habilitó una partida de 1.200.000 euros para soporte tecnológico -aunque al final se gastaron sólo 698.685- y que el CIRE (departamento para la reinserción de presos) facturó 150.000 euros para su ayuda al proceso, centrada en la elaboración de urnas y papeletas.

¿Cómo y cuándo se ha tomado la decisión?

Dos días después de las elecciones, el pleno de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, después de más de cuatro horas de reunión, acordó por mayoría admitir a trámite "todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 noviembre 2014", según una nota emitida por el tribunal catalán.

¿Cuáles son los delitos que se le imputan y cuáles son las penas?

A Mas se le acusa por un delito de desobediencia, que conlleva, en caso de que fuese condenado, a una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Otro de los delitos que se le imputa es el de obstrucción a la justicia o usurpación de funciones, castigado por el Código Penal con penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Que ingrese o no en prisión por este delito queda en mano del juez, según apunta a La Información el abogado penalista Antonio Alberca.

También se le imputa por prevaricación administrativa, una práctica penada con la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Por último, en el caso de la malversación, la pena de multa es de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años. Si no reintegrase el importe de lo distraído dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán penas de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.

¿Quiénes están imputados?

Además de Mas, están imputadas la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, que declarán el día 13, dos días antes del presidente autonómico.

El TSJC también ha citado como testigos a la directora del Instituto Pedraforca del Hospitalet durante el 9-N, Dolores Asenjo, que se negó a ceder las llaves del centro para el 9-N, el administrador del empresa Focus, por un encargo relacionado con el centro de prensa del 9-N, la directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción de la Consejería de Justicia, donde se hicieron las papeletas del 9-N, el asesor de opinión pública de la consejería de Gobernación, por la administración y mantenimiento de la web de la consulta, y el responsable de la coordinación de incidencias informáticas del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI). Los cinco testigos tendrán que declarar el día 19.

¿Es la primera vez que declara como imputado un presidente de la Generalitat?

No. Es la segunda vez. El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ya lo hizo el 2 de octubre de 1984 por el caso Banca Catalana. En ese momento, el juez Ignacio de Lecea (instructor), los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena y los abogados de Pujol, Joan Pique Vidal y Joan Córdoba, se desplazaron a la Casa dels Canonges, residencia oficial, donde el president declaró durante una hora y cuarenta y cinco minutos.

¿Radicalizará el juicio de Mas a sus socios independentistas?

Sin duda, además aumentarán sus exigencias. Una vez que se ha conocido que el presidente en funciones de la Generalitat acudiará a declarar como imputado por los hechos producidos antes y durante la convocatoria de la consulta, los dirigentes de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) y Esquerra Republicana de Catalunya se solidarizaron con Mas y se mostraron duros con la decisión judicial.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, aseguró que la imputación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, por el 9N es "la mejor demostración" de por qué Cataluña debe ser un país independiente.

"La pertenencia a España es inviable", aseguró, al tiempo que lamentó la imputación se filtrara días atrás en los medios, ya que lo ve una falta de pulcritud.

Junqueras también afirmó que le parecería "monstruoso" que alguien hubiera escogido el 15 de octubre como fecha para que declare el presidente para hacerlo coincidir con el 75 aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys.

Por su parte, la CUP rechazó las imputaciones a Mas y exigió el archivo de la causa. Señaló que las imputaciones son un "nuevo ataque contra las instituciones del país por parte de un Estado demofóbico que utiliza políticamente las instancias judiciales" para intentar doblar la voluntad del pueblo catalán.

También advirtió que "la desobediencia vivida el 9N será una práctica habitual a partir de ahora" por parte de las instituciones catalanas, y más aún tras el mandato expresado en las urnas el 27S.

El diputado y excandidato, David Fernández, calificó al Estado de "neurótico e inquisitorial".