Dublín, 9 nov.- Algo más de tres millones de irlandeses están llamados este sábado a las urnas para pronunciarse en referéndum sobre una reforma de la Constitución que prevé reforzar el papel del Estado en la protección del menor.
En un país donde durante décadas ha habido miles de abusos de menores en instituciones religiosas y públicas, la propuesta del Gobierno de coalición entre el conservador Fine Gael y el Partido Laborista, cuya victoria se da por segura, pretende obligar a las autoridades a investigar casos de maltratos.
Durante la campaña, el Ejecutivo de Dublín ha destacado que la inclusión en la Carta Magna de una mención específica a los "derechos del menor" tiene como objetivo "proteger a los niños más vulnerables de abusos y abandono", sin que ello represente una "amenaza para las familias o los padres".
Los partidarios de esta propuesta han recordado que, hasta ahora, la Constitución irlandesa situaba la privacidad y autoridad de las familias por encima de los derechos del menor, lo que en algunos casos entorpecía la intervención del Estado en casos de abusos.
En caso de victoria del "sí", la Constitución reafirmará los derechos del menor y obligará al Estado, por ley y en "casos excepcionales", a asumir el papel de los padres, independientemente de que estén casados o no, según reza la propuesta que se somete a votación.
La Carta Magna irlandesa incluiría así en un nuevo artículo un requerimiento específico para que los tribunales tengan siempre en consideración cuando aborden este tipo de casos "los mejores intereses" y el "bienestar" del menor.
También pretende reformar la actual legislación sobre adopciones para que, por ejemplo, el Estado pueda permitir la adopción de "cualquier menor" cuyos padres -"estén casados o no"- no hayan "cumplido con sus obligaciones hacia el menor durante un periodo de tiempo" que deberá estar especificado en la legislación.
Asimismo, la nueva ley obligará al Estado a buscar padres adoptivos para los menores cuyos padres biológicos han decido ofrecerles en adopción voluntariamente, una situación que, hasta ahora, no estaba contemplada legalmente.
Los centros de votación permanecerán abiertos entre las 9.00 GMT y las 22.00 horas GMT de mañana. El recuento comenzará el domingo a las 9.00 GMT y el resultado definitivo podría anunciarse ese mismo día a primera hora de la tarde.
La propuesta del Gobierno cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos del Parlamento nacional y de la mayoría de los grupos que trabajan con menores, por lo que se da casi por segura la victoria del "sí" en el referéndum.
No obstante, una demanda privada interpuesta ante la Justicia irlandesa ha puesto en duda en el último momento la celebración del plebiscito, después de que el Tribunal Supremo de Dublín aceptase ayer los argumentos del ingeniero dublinés Mark McCrystal y calificase de "anticonstitucional" la actuación del Gobierno durante la precampaña.
Los cinco jueces que componen este tribunal determinaron que el Estado "actuó de forma ilegal" al usar dinero público, algo más de un millón de euros, para producir un folleto informativo que no era "justo, equitativo o imparcial".
Varios diputados independientes han pedido que se retrase la celebración del referéndum, pero el ministro irlandés de Transporte y director de campaña del partido gobernante Fine Gael (FG), Leo Varadkar, confirmó hoy que la consulta seguirá adelante.
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