Antonio Pita
Jerusalén, 27 jul.- La negociación en Israel de una alternativa a la ley de reclutamiento, que expira el próximo miércoles, ha fracturado la coalición de Gobierno y abierto un intenso debate sobre la cabida de la minoría ultraortodoxa en el Ejército.
Unos 60.000 ultraortodoxos se libran del servicio militar, obligatorio para el resto de israelíes judíos, tanto hombres (tres años) como mujeres (dos años), con declarar que estudian todo el día en un seminario religioso, gracias a un acuerdo que cerró David Ben Gurión poco después de la creación del Estado de Israel (1948), cuando los beneficiados apenas sumaban 400.
La última base legal de este privilegio fue anulada el pasado febrero por el Tribunal Supremo por discriminatoria, lo que ha forzado al primer ministro Benjamín Netanyahu a esbozar una alternativa antes del 1 de agosto con un ojo puesto en sus socios ultraortodoxos de Gobierno, y otro en el sentir mayoritario y los partidos que lo recogen.
La partida también se ha jugado en la calle. Tras décadas rumiando su enfado en charlas de café, la mayoría silenciosa sacó 20.000 personas a las calles de Tel Aviv contra esta exención castrense, a lo que 5.000 ultraortodoxos respondieron en Jerusalén con una demostración de fuerza en la que se mostraban dispuestos a enfundarse antes el uniforme de recluso que el de soldado.
Netanyahu, malabarista de la política experto en ganar tiempo, estableció una comisión, liderada por el diputado del Kadima Yohanan Plesner, para luego enterrarla cuando no le gustaron sus conclusiones y crear otra con uno de sus viceprimer ministros, Moshe Yaalon, al frente.
El partido Kadima, de centro-derecha, había entrado en mayo en el Ejecutivo con el objetivo de aprovechar la "ocasión histórica" que suponía aglutinar 94 de los 120 diputados, la mayor coalición de la historia del país, para poner fin a la dispensa ultraortodoxa.
La dejó apenas 70 días después, por la negativa de Netanyahu a aceptar un cambio sustancial en el statu quo que le enfrentase a sus compañeros de coalición ultraortodoxos.
El diputado Plesner propuso la obligatoriedad progresiva del servicio militar o social para los ultraortodoxos de más de 22 años y sanciones económicas para quienes lo eludan.
El círculo de Netanyahu aboga en cambio por incentivar el alistamiento voluntario y aplazar la prórroga a los 26 años, edad en la que casi todos han formado una familia.
"Me gustaría ver a los ultraortodoxos ingresar en el Ejército incluso con 18 años, pero si lo intentamos empezaríamos una guerra civil", justificó Yaalon.
Con el Parlamento de vacaciones estivales y sin visos de acuerdo antes del miércoles, cuando todos los judíos israelíes de 18 años, ultraortodoxos incluidos, se convertirán automáticamente en reclutas potenciales, el elefante sigue en la habitación.
"No habrá una crisis inmediatamente a partir del 1 de agosto, pero el Ejército no podrá expedir las exenciones de antes. El Gobierno ha 'externalizado' el problema al Ejército y éste se lo enviará de vuelta porque es un asunto político, no logístico", afirmó Plesner esta semana en un encuentro con periodistas.
Stuart Cohen, experto en la relación Ejército-sociedad de la Universidad de Bar Ilán, cerca de Tel Aviv, cree que los diputados, que pueden ser convocados de urgencia durante el receso, aprobarán en las próximas semanas un "cambio cosmético" que "dejará el problema intacto".
"Y si más adelante el Supremo dice que la nueva ley también es discriminatoria, pues ya se lidiará el problema", agregó Gideon Rahat, especialista en política israelí de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Otra opción valorada por los analistas es que el Ejecutivo pida una prórroga al Supremo y convoque elecciones anticipadas.
O que el titular de Defensa, Ehud Barak, ordene al Ejército que mantenga el statu quo hasta que el Parlamento vuelva a la actividad.
En cualquier caso, no habrá lluvia de llamadas a filas, para empezar porque el reclutamiento se efectúa para una unidad concreta y se prepara con dos años de antelación.
La idiosincrasia del colectivo ultraortodoxo, que incluye aspectos básicos del día a día como la alimentación o el rechazo a la convivencia entre hombres y mujeres que no estén casados, impide integrarles con el resto de conscriptos, por lo que la división de personal tardaría al menos un año en preparar los espacios acordes, estima Anshel Pfeffer, del diario "Haaretz".
El debate, con encendidos argumentos sobre el papel de integración social y puerta de acceso al mercado laboral del Ejército, ha tenido dos "efectos colaterales".
El primero es que la pasión por ampliar el alistamiento ha desplazado la idea de profesionalizar el Ejército.
El segundo es el oportunismo de la derecha más populista para pedir el alistamiento de la otra minoría exenta: los palestinos con ciudadanía israelí, de cuya lealtad duda el Ejército y que no quieren servir con el uniforme de un país con el que no se identifican, les discrimina, y ocupa Gaza y Cisjordania.
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