IU no colaborará para tramitar una reforma exprés que quiere "abortar" la huelga

Madrid.- El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha dejado claro hoy que no piensa colaborar para una tramitación "exprés" de la reforma laboral, un procedimiento que el Gobierno quiere emplear, a su juicio, para convertir al Parlamento en "un esquirol" y "abortar" de este modo la huelga general de septiembre.

En rueda de prensa en el Congreso, Llamazares se ha quejado de la posibilidad de que se acelere la tramitación como proyecto de ley del decreto sobre la reforma del mercado de trabajo, aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Ministros y que el próximo martes será probablemente convalidado por el pleno de la Cámara Baja.

Una tramitación ordinaria como proyecto de ley llevaría los plazos y la aprobación definitiva no vería la luz hasta el otoño, mientras que un proceso de urgencia podría hacer que las Cortes dieran su visto bueno a la reforma antes de que acabe julio.

Izquierda Unida no participará para facilitar que se apruebe "una reforma que no es tal reforma, sino una contrarreforma, y mucho menos una contrarreforma exprés que va contra los trabajadores y, además, presionando al Parlamento", ha subrayado Llamazares.

Por el contrario, si se lleva al debate parlamentario, IU presentará las enmiendas que crea necesarias e intentará que se abra un "proceso de reflexión profunda" en relación a la situación del mercado laboral y la aportación que esta reforma supone a la salida de la crisis.

"No vamos a participar en ningún dictado al Parlamento", ha insistido el dirigente de IU, para quien las medidas del Gobierno son "injustas", al hacer recaer el mayor esfuerzo sobre los trabajadores y beneficiar únicamente a la patronal, y además son "contraproducentes", porque van a provocar una mayor precariedad, una mayor temporalidad y un mayor deterioro del modelo laboral.

Según su análisis, lo que el Gobierno quiere es "abortar" la huelga anunciada para el 29 de septiembre convirtiendo para ello al Parlamento en "un esquirol" que la reviente.

También pretende el Ejecutivo, ha agregado, dar legitimidad a su reforma, sabiendo que el "decretazo" del año 2002 fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, que determinó que una reforma laboral no es argumento para una tramitación urgente.

Después de considerar que eso es "inaceptable", Llamazares también ha recordado al Ejecutivo que "todas las reformas laborales impuestas han fracasado", porque todas las que han sido hechas al margen de la concertación social "se han visto reformadas a su vez en la calle".

Así las cosas, ha instado al Gobierno a retomar la negociación, la concertación y el diálogo político.

Sobre el diálogo político, se ha lamentado de que el Gobierno, que "está ensimismado y no ve otra salida que pactar con la derecha", haya excluido de las negociaciones a los grupos contrarios a su reforma, como IU.

Y es que su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, "tiene muy claras las alianzas" y ha pasado de "la geometría variable a la aritmética conservadora", ha apostillado.