Iu pide una comisión de investigación sobre el golpe del 23-f


El Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados pidió este martes una comisión de investigación y la desclasificación de todos los documentos oficiales sobre el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981 para averiguar quiénes fueron los instigadores y descubrir la verdadera implicación del rey Juan Carlos.
Los diputados de la Izquierda Plural José Luis Centella y Joan Coscubiela aseguraron en rueda de prensa que es necesario sacar a la luz todo lo referente al 23-F para lograr que "se despeje cualquier tipo de sombra" y advirtieron de que "mirar para otro lado significaría poner en tela de juicio circunstancias que podrían ser graves en el caso de que se confirmasen".
Centella y Coscubiela se refirieron así a la publicación del libro que ha escrito la periodista Pilar Urbano sobre la vida del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, en el que se da a entender que el Rey pudo estar detrás de algunos de los actores del golpe de estado.
A su juicio, es necesario "desclasificar todos los documentos" referidos al golpe de estado, para lo que exigieron que "se abran los cajones y se abran las cintas" sobre los hechos que se produjeron hace más de 30 años. "Es bueno que algo que ha marcado varias decadas del país se aclare".
Los dos diputados señalaron que, ante las "acusaciones graves" vertidas contra el Rey de España, el jefe del Estado tendría que haber salido a defenderse porque, en su opinión, se puede estar ante "la gran mentira del siglo XX en la historia de España".
La Izquierda Plural presentó una batería de iniciativas parlamentarias entre las que destaca la solicitud de una comisión de investigación para "conocer lo realmente acontecido en el golpe de Estado del 23-F, aportando la transparencia imprescindible sobre la participación y la responsabilidad de todos los actores institucionales, militares, políticos y sociales del momento".
Además, registraron una batería de preguntas para su respuesta por escrito y una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a desclasificar todos los documentos y grabaciones telefónicas, incluidos los de los servicios de inteligencia, sobre lo ocurrido el día del fallido golpe de estado y a la mañana siguiente tanto en el Congreso como en La Zarzuela, así como las actas de las reuniones entre el Rey y el entonces presidente, Adolfo Suárez.

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