Iu propone colocar a 400.000 jóvenes en empleos verdes y sociales hasta las elecciones

Izquierda Unida presentó hoy una propuesta con carácter "urgente y transitorio" hasta las próximas elecciones generales para colocar a 400.000 jóvenes en empleos del sector verde y el sector social, con un coste estimado de 10.000 millones de euros (el 1% del PIB).
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, y el secretario federal de Economía y Trabajo de la coalición, José Antonio García Rubio, esbozaron en una rueda de prensa en la sede de la formación las líneas maestras de esta iniciativa, que se concretaría en dos planes, uno llamado Plan V para articular el empleo de jóvenes en el sector verde, y otro denominado Plan S para hacerlo en actividades de carácter social. La iniciativa contempla también una paridad de sexos para cubrir estos puestos de trabajo
Según dijo Lara, se trata de un plan "serio y sostenible, que tiene los pies en el suelo", y se ejecutaría con carácter transitorio hasta que la formación de un nuevo Gobierno tras las próximas elecciones generales depare el diseño de políticas de empleo estables. IU lo presentará en el Parlamento pero antes lo hará al propio Ejecutivo, para su rápida aplicación mientras las cámaras están en período vacacional.
García Rubio subrayó que los 10.000 millones no suponen un coste elevado, pues es inferior a lo que va a tener que aportar España al rescate de Grecia y se compensará en parte con las cotizaciones a la Seguridad Social, el incremento de los ingresos fiscales y la disminución del gasto en prestaciones de paro.
El Plan V comprende tres programas: uno para la creación de 200.000 empleos jóvenes en zonas rurales y la protección del bosque, otro que daría trabajo a 50.000 en la rehabilitación sostenible de viviendas residenciales y un tercero que colocaría a 100.000 en autónomos y pequeñas empresas dedicados a la economía sostenible. Para su diseño, IU ha contado con la colaboración del Colegio de Ingenieros de Montes.
A su vez, el Plan S pretende crear 50.000 puestos de trabajo relacionados con la educación infantil y la Ley de Dependencia. Respecto a la primera, se contratarían a 30.000 profesores para el curso que viene con un coste de 1.250 millones de euros; en cuanto a la segunda, las deficiencias de cumplimiento de la ley se paliarían con la contratación de 20.000 jóvenes con un desembolso de 1.000 millones. Dado que la gestión de ambas corresponde a las comunidades autónomas, ambas cantidades se transferirían a éstas a través de acuerdos de compromiso mutuo.