JpD: La imputación de la infanta muestra que el Estado de derecho funciona

Madrid, 7 ene.- Jueces para la Democracia (JpD) ha opinado hoy que la imputación de la infanta Cristina por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales por el instructor del caso Nóos, José Castro, es "una muestra de que el Estado de derecho funciona y no hace distinciones".

En declaraciones a Efe, el portavoz de JpD, Joaquim Bosch, ha estimado que el juez instructor ha hecho una valoración jurídica "muy amplia" sobre los posibles indicios que existían contra la infanta Cristina por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, sin pensar en la naturaleza de la persona que estaba siendo investigada.

Bosch ha destacado que "la decisión del juez instructor debe ser respetada", al considerar que en torno a este asunto hay muchos intereses ajenos al proceso, pero también de las distintas partes, tanto de la acusación como de la defensa.

El juez instructor es la única persona en el procedimiento que ocupa "un papel central, independiente e imparcial" y que cuenta con una perspectiva privilegiada para tener toda la documentación a su alcance y poder valorar los hechos conforme a derecho, ha subrayado el representante de JpD.

Ha recordado que no hay "una sentencia condenatoria", sino un auto de imputación de la infanta Cristina, en el que, ante la existencia de indicios sobre la comisión de delitos por parte de la infanta Cristina, el juez Castro le da la posibilidad de defenderse y aclarar todas las cuestiones que ha puesto de manifiesto en el auto.

Para Bosch, en el caso Nóos, no existe un trato de favor o una persecución a ninguna persona, sino que "nos encontramos ante acciones propias de cualquier procedimiento judicial en nuestro país".

Es probable que esta investigación judicial "pueda deteriorar la imagen de la monarquía, pero nuestro sistema judicial no puede mirar hacia otro lado cuando hay indicios de delito", ha reconocido.

Ha resaltado que, "con independencia de las repercusiones políticas o sobre nuestro sistema de Estado que puedan tener las actuaciones de nuestros tribunales, hay un deber de perseguir cualquier tipo de delito y de cumplir el principio de que la justicia es igual para todos".