Bilbao, 22 jun.- Magistrados de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, junto a catedráticos y abogados penalistas, han abogado hoy por una interpretación del Derecho que permita avanzar hacia el final definitivo de ETA y la reconciliación de la sociedad vasca.
La Fundación Sabino Arana, afín al PNV, ha celebrado hoy en Bilbao una jornada, bajo el título "El Derecho Penal ante el fin de ETA", para reflexionar sobre la interpretación que se debe hacer de la actual legislación, en base al nuevo escenario creado desde que la banda anunciara el cese de su actividad terrorista.
El magistrado de la de lo Penal del Tribunal Supremo Joaquín Giménez ha valorado que se haya realizado "una reflexión compartida y absolutamente necesaria en un momento muy esperanzador", en el que, sin embargo, "hay asignaturas pendientes".
A su entender, el Estado de Derecho debe dar "respuestas legítimas" a la actuación de grupos terroristas "desde el respeto a las garantías del proceso", sobre "una cierta sintonía con la realidad social" pero "sin atajos".
Ha opinado que "las víctimas tienen su protagonismo" pero no se las debe situar en el centro de la política penitenciaria del Estado.
El magistrado de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha considerado que el Derecho Penal debe "buscar formas de Justicia restaurativa para que quienes cometieron actos terroristas puedan reconocer el daño causado y establecer caminos útiles para la reconciliación".
De Prada ha valorado los encuentros entre víctimas de ETA y presos de la banda que se han apartado de sus postulados, dentro del plan de reinserción planteado por el Gobierno.
A su entender, ese tipo de iniciativas "van por el buen camino" y deben constituir "el inicio de un proceso, con una hoja de ruta clara, que marque el camino a seguir" hacia "el ideal de la reconciliación", entendida como una situación en la que todas las partes del conflicto se respeten.
Ambos magistrados han valorado la sentencia de legalización de Sortu en el camino hacia la normalización política de Euskadi y ha coincidido con ellos el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quién ha valorado que el Tribunal Constitucional haya hecho "una interpretación de la Ley de Partidos y de la Constitución, garantista del derecho de participación política".
Calparsoro ha destacado que se deben juzgar los delitos cometidos por los miembros de ETA, "aunque los terroristas hayan anunciado públicamente que han abandonado la violencia".
Ha considerado además que "las penas deben cumplirlas, si bien el régimen de cumplimiento se adaptará a las situación individual de cada penado, así como al contexto social".
El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha destacado que la interpretación del derecho penal "se debe hacer acorde a la situación" sin violencia.
Erkoreka ha defendido la necesidad de presentar iniciativas al Gobierno para que, sin reformar la legislación, se pueda reorientar su actividad, especialmente la política penitenciaria.
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