Juez rechaza excarcelar a Iparraguirre, que se opone a ser tratado de sida

Madrid, 29 sep.- La Audiencia Nacional ha rechazado hoy la petición de excarcelación del preso etarra Ibon Iparraguirre, que padece sida, y que, sin embargo, se niega a recibir el tratamiento antirretroviral que mejoraría "sensiblemente" su pronóstico.

En un auto, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, acuerda mantener en segundo grado a Iparraguirre y denegar su petición de salir en libertad por motivos de salud.

Castro recuerda que el recluso etarra Iparraguirre, condenado a más de 320 años de cárcel por diversos atentados, sigue mostrando "una adhesión plena a los postulados" de la organización y de apoyo a la actividad terrorista, sin hacer ninguna autocrítica ni arrepentimiento.

Para denegar la petición de excarcelación, el magistrado tiene en cuenta el informe médico de la prisión madrileña de Navalcarnero donde se encuentra interno en el que señala que Iparraguirre "mantiene su negativa a realizar tratamiento antirretroviral, así como al resto de tratamiento propuestos".

Junto a ese informe, Castro valora también otro elaborado por el Instituto de Medicina Legal en el que se explica que el preso "padece infección por VIH, estadio C3, sin tratamiento por voluntad propia", aunque el paciente "se mantiene estable tanto desde el punto de vista clínico como inmuno-virológico, lo que le permitiría llevar una vida prácticamente normal dentro del centro penitenciario".

Aunque el auto esgrime que se respeta la decisión del interno de no asumir o no un tratamiento médico, subraya que la Administración Penitenciaria tiene la obligación de garantizar y velar por la salud e integridad de un preso

En este sentido, deja claro que el servicio médico ha puesto a disposición de Iparraguirre un tratamiento farmacológico de antirretrovirales que éste ha rechazado y que si siguiera "el pronóstico de enfermedad mejoraría sensiblemente".

No obstante, Castro advierte de que si la enfermedad se agravara el equipo médico del centro penitenciario y la Junta de Tratamiento de la prisión deberían valorar "la posibilidad de modificar la actual clasificación penitenciaria".