Jueza confirma que presidente guatemalteco está en sede de gobierno

  • Una jueza guatemalteca confirmó este domingo que el gobernante guatemalteco, Otto Pérez, acusado de dirigir una mafia de defraudación aduanera, se encuentra en la Casa Presidencial, luego de una acción legal para determinar su paradero en el país.

La jueza Carmen Pocón dijo que realizó la diligencia en Casa Presidencial, en el centro histórico de la capital, donde comprobó que el gobernante se encuentra en el lugar y sostuvieron una breve reunión, según se observa en un fotografía oficial.

La jueza comentó, al salir de la residencia presidencial, que el mandatario se encuentra bien, sin peligro ni amenazas físicas.

El pasado viernes la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en el país acusaron al gobernante y a su expresidente, Roxana Baldetti, de encabezar una estructura de defraudación aduanera.

Pocón explicó a periodistas que primero acudió a la residencia de jefe de Estado en un exclusivo sector al este de la capital y que, al no encontrarlo, se dirigió a la Casa Presidencial donde practicó la diligencia.

La acción legal obedeció a un recurso de exhibición personal (habeas corpus) interpuesto este domingo por el activista e integrante del grupo autodenominado "Cadenas por la Libertad", Bernardo Silva, para determinar si el gobernante se encuentra en el país.

Silva también presentó una exhibición personal a favor de Baldetti para confirmar si se encuentra en la cárcel militar del cuartel Matamoros, donde fue recluida el viernes tras su detención en un sanitario privado donde se había internado por presuntos quebrantos de salud.

El activista comentó que la acción la interpuso porque es posible que haya sido trasladada a otro lugar, pues nadie ha confirmado dónde está la exfuncionaria ni se ha mostrado ningún elemento que confirme su estancia en el recinto castrense de la capital.

La investigación de la estructura criminal denominada "La Línea" se reveló el pasado 16 de abril después de un año de pericias, que incluyeron 86.000 sesiones de escuchas telefónicas, la principal prueba contra los implicados.

El estallido del escándalo de corrupción desató manifestaciones masivas que provocaron la renuncia de Baldetti en mayo y que exigen también que lo haga el presidente.

ec/lb

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