Jueza da una bocanada de aíre al exdictador guatemalteco acusado de genocidio

Carlos Arrazola

Guatemala, 18 abr.- La jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, dio hoy una bocanada de aire al exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, al anular el juicio que por genocidio y crímenes de guerra se le seguía y ordenar retomar el proceso en la fase intermedia.

La decisión de la letrada aleja en el tiempo la posibilidad de que el anciano general, de 86 años, responda ante la Justicia por los miles de indígenas ixiles que fueron asesinados en Guatemala durante la época en que gobernó de facto el país, entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

"Lo ordenó la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia", dijo la jueza durante una audiencia convocada para conocer un fallo del máximo tribunal del país, que amparó hace un mes a Ríos Montt para subsanar un trámite judicial pendiente de la fase intermedia del proceso.

El semblante de Ríos Montt cambió de manera radical, pasando de serio y tosco a sonriente y jovial, al escuchar la decisión de la jueza, que basó su fallo en la potestad que le concedió la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, de enmendar los reparos procesales planteados por la defensa.

La resolución de la jueza Flores ordena retrotraer todo lo actuado hasta el 23 de noviembre de 2011, cuando ella fue recusada por uno de los acusados y Ríos Montt ni siquiera había sido vinculado al proceso.

Anula lo actuado y decidido por el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, quien en su momento ordenó el juicio al considerar que existían suficientes evidencias para procesar por genocidio y crímenes de guerra a Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia, el también general retirado José Rodríguez.

También anula el juicio iniciado el pasado 19 de marzo en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, en el que durante 20 días consecutivos más de un centenar de testigos y peritos compareció ante los jueces para ofrecer sus testimonios.

Ríos Montt y Rodríguez son acusados por la Fiscalía de ser los autores intelectuales de la muerte de 1.771 indígenas ixiles a manos del Ejército guatemalteco en al menos 16 matanzas colectivas.

Pese a los alegatos plantados por la Fiscalía y los querellantes, que pidieron a Flores dar marcha atrás en su fallo, la jueza insistió en que cumplía con lo establecido en ley y que el proceso debía rectificarse desde la fecha indicada.

Horas antes, la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, en donde se realizaba el juicio en contra de Ríos Montt y Rodríguez, había asegurado que "no se podrá retrotraer el proceso a períodos ya recluidos".

Incontenible y rabiosa, Mariela Bustamente, familiar de uno de los miles de desaparecidos durante el Gobierno de Ríos Montt, reclamó a gritos su fallo a Flores al finalizar la audiencia.

"Injusta, cobarde, cómplice de los asesinos", le reclamó a la letrada.

"Asesino, usted es un asesino. Usted no le dio juicio justo a los miles de ixiles", le increpó luego a Ríos Montt, quien por única respuesta le devolvió una sonrisa.

Por su parte, la jueza Flores, en escuetas declaraciones a los reporteros dijo que si ha "cometido un error, será la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad quienes lo digan".

Zury Ríos, la hija del exgobernante, emocionada y con lágrimas de satisfacción agradeció porque, dijo, "se ha hecho Justicia".

"Le agradezco a Dios que se respete el debido proceso, porque a todas luces fue violado", añadió la hija del exdictador.

Edgar Pérez, abogado de la Asociación Justicia y Reconciliación, uno de los querellantes dentro del proceso, dijo que al dejar sin efecto todo lo actuado, la jueza Flores "está poniendo en un estado de indefensión a las víctimas", que llevan más de 30 años sin que el sistema les haya respondido.

Flores no precisó la fecha en la que el tribunal de primera instancia que preside retomará el caso.

Pero, de momento, el arresto domiciliario que se había dictado a Ríos Montt desde enero de 2012 queda sin efecto, así como su vinculación al proceso judicial, ya que en noviembre de 2011 el exjefe de Estado de facto aún gozaba de impunidad judicial por ser diputado al Congreso.

Durante los dos últimos dos años los defensores de los militares procesados interpusieron más de medio centenar de amparos y recursos para evitar que éstos fueran procesados. Parcialmente, lo han logrado.