A juicio este martes un preso acusado de asesinar a otro en Córdoba

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar este martes el juicio con jurado a un preso de 33 años, natural de Guinea-Bissau y condenado por un asesinato a 22 años de prisión, acusado de un nuevo asesinato, en este caso a un interno del Centro Penitenciario de Alcolea en Córdoba. La Fiscalía ha pedido para él una pena de 20 años de cárcel.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el procesado se encontraba interno en el módulo de aislamiento de la cárcel de Córdoba, al estar clasificado en "un régimen de aislamiento casi total, debido a su peligrosidad por sus antecedentes derivados de comportamientos muy agresivos y estar cumpliendo pena por la comisión de un asesinato", impuesta por la Audiencia Provincial de Bilbao en octubre de 2006.

En dicho régimen, "solo es posible compartir las salidas de tres horas diarias al patio y actividades con otro interno", de modo que ambos salían juntos a las horas de patio establecidas y permanecían juntos y solos las horas que les correspondían estancias en el llamado taller ocupacional o sala de musculación, una habitación de actividades polivalentes de 76,8 metros cuadrados con un pequeño cuarto de baño en su interior de 2,85 metros cuadrados, al que se accede exclusivamente desde dicha sala".

Dicha habitación posee un sistema de grabación de imágenes controlado por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias desde la garita del módulo, a unos 20 metros de dicha sala, pero no de grabación, según detalla el fiscal.

En este sentido, sobre las 8,45 horas del día 11 de junio de 2014, ambos internos fueron introducidos por funcionarios de Instituciones Penitenciarias en dicha sala al corresponderles actividades en dicho espacio. En un momento dado, estando los dos solos, la víctima entró en el cuarto de baño y el acusado, "sabedor de que la falta de iluminación del baño y que el espacio reducido evitaría el control por las cámaras de vigilancia de la que disponían los funcionarios, entró tras él".

CAUSAS SIN ACREDITAR

De este modo, "sin mediar palabra, aprovechándose de la diferencia de corpulencia entre ambos, y por causas que no han quedado suficientemente acreditadas", supuestamente le dio por detrás un fuerte golpe en la cabeza contra una de las paredes que hizo tambalearse.

A continuación, "sin que pudiera defenderse, le agarró al cabeza, le golpeó contra el retrete de aluminio y lo arrojó al suelo, dándole patadas y golpes por todo el cuerpo sin cesar al menos durante diez minutos, hasta que los funcionarios comprobaron por el control que ambos internos llevaban un tiempo sin salir del baño y entraron sobre las 9,00 horas", relata el Ministerio Público.

Como consecuencia de los golpes, el interno sufrió un traumatismo craneofacial con contusiones múltiples, fractura de huesos, hemorragia cerebral y signos de congestión y edema encefálico, traumatismo torácico con fracturas costales múltiples y desgarro pulmonar, así como policontusiones en extremidades que "le provocó un 'shock multiorgánico' o síndrome de disfunción multiorgánica refractario secundario a politraumatismo craneoencefálico y tóracoabdominal que provocó su muerte sobre las 15,08 horas del mismo día".

Cabe destacar que la víctima tenía madre, residente legal en España; dos hijas menores, una de ellas con domicilio en Madrid y nacionalidad española y otra con domicilio y nacionalidad colombiana, así como cuatro hermanos, con los que no consta que conviviese.

Debido a estos hechos, la Dirección General de Institucionales Penitenciarias abrió una información reservada que determinó que la actuación de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias a cargo del control de los internos ese día fue "correcta" y que al no apreciar indicios de responsabilidad, archivó el expediente.

Sobre el acusado, que lleva en prisión provisional por estos hechos desde el día 13 de junio de 2014, también pesa la agravante de reincidencia y la Fiscalía solicita para él, además de los 20 años de cárcel, diez años de orden de alejamiento sobre los familiares del fallecido.

"LA PRISIÓN NO EVITÓ LA MUERTE"

En relación con este caso, la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (Apdha) ha advertido este lunes de que el centro penitenciario "no evitó la muerte violenta" del preso, al tiempo que ha subrayado que "la inspección penitenciaria constató deficiencias de seguridad".

A juicio de la asociación, "a la hora de analizar este fallecimiento debe ponerse en el centro no al autor material, sino a quién tuvo la responsabilidad de evitarlo, la administración", de forma que "deben explicar cómo es posible que se produzcan fallecimientos violentos dentro de una institución que es de control total, especialmente, cuando ya se conocía que el preso agresor era extremadamente peligroso", han manifestado.

Según Apdha, "la administración penitenciaria permitió que dos personas: el agresor --enormemente violento-- y la víctima, estuvieran solos entre diez y 15 minutos fuera de cualquier tipo de control". Y es que, según la asociación, "dichas imágenes debieron haber sido grabadas, pero la administración informa de que por un error humano no se pudo realizar".

Así, subrayan que "la Inspección Penitenciaria constató que con los medios e infraestructura existente no era posible un control que evitara el fallecimiento", al tiempo que detallan que desde la asociación y la familia se puso una queja al Defensor de Pueblo "pidiendo una investigación" y en estos momentos está "en tramitación" el procedimiento.