Oscar René Oliva
Guatemala, 25 ene.- La Justicia de Guatemala deberá decidir en los próximos días si ordena, por primera vez en su historia, juzgar por genocidio a ex altos cargos militares, incluido el golpista José Efraín Ríos Montt, una prueba en la que deberá demostrar su independencia y compromiso contra la impunidad.
Ríos Montt, de 86 años y quien gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, y su colaborador y también exgeneral José Rodríguez son acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos por la matanza de 1.771 indígenas de la etnia ixil durante operativos militares ejecutados en ese período.
Ríos Montt había conseguido evadir a la justicia desde 1999, cuando la premio Nobel de la Paz de 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú, lo incluyó en otra demanda por genocidio, terrorismo y torturas que presentó ante la Audiencia Nacional de España.
Ese proceso fue clausurado en diciembre de 2007 por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la máxima instancia jurídica del país, por considerar que el alto tribunal español no tenía competencia para juzgar a guatemaltecos.
Aquella decisión fue duramente criticada por organizaciones locales e internacionales, entre ellas la Comisión Internacional de Juristas, que argumentó entonces que "el delito de genocidio es un crimen en virtud del derecho internacional consuetudinario y del derecho internacional convencional".
Desde el 2000 y por un período de ocho años, Ríos Montt gozó de inmunidad al convertirse en diputado del Congreso por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido que fundó y con el que gobernó en coalición entre 2000-2004 con el entonces presidente Alfonso Portillo.
El caso que ahora analiza la Justicia guatemalteca contra Ríos Montt y Rodríguez fue presentado hace más de una década en los tribunales, por organizaciones de supervivientes y familiares de las víctimas de la represión militar de la década de 1980, en el marco de la guerra interna de 36 años (1960-1996).
El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, reactivó el caso el lunes pasado tras rechazar una serie de recursos de la defensa y ahora estudia si existen evidencias para enjuiciar a Ríos Montt y a Rodríguez por la matanza de los ixiles en el departamento noroccidental de Quiché.
Entre los recursos presentados por la defensa y que fueron desestimados estaban algunos que invocaban la llamada Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en 1996 y que incluye una amnistía general.
El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jorge de León, declaró a Efe que su país ha ratificado instrumentos internacionales, como el Estatuto de Roma, que "prohíben expresamente" la amnistía e indulto en casos de genocidio, entre otros de lesa humanidad, por lo que está obligado a enjuiciar y sancionar a los responsables de esos delitos.
Gálvez anunciará el lunes si envía o no a juicio oral y público a Ríos Montt y a Rodríguez con base en las pruebas presentadas por el fiscal de Derechos Humanos, Orlando López, y al descargo de la defensa, que insiste en la inocencia de los exmilitares y rechaza el delito de genocidio.
El fiscal López aseguró a Efe que tiene evidencias para demostrar que los ex altos cargos castrenses elaboraron y participaron en planes militares para "aniquilar" a la etnia ixil, por considerarla una colaboradora de la guerrilla.
Pero Danilo Rodríguez y César Calderón, abogados de Ríos Montt y Rodríguez, respectivamente, alegan que sus defendidos "nunca" firmaron ni elaboraron planes para matar a la población civil.
Danilo Rodríguez dijo a Efe que espera que el juez resuelva el lunes la clausura provisional del proceso abierto a Ríos Montt, porque la investigación de la Fiscalía es deficiente y carece de sustento legal.
Calderón, asimismo, pidió el sobreseimiento del proceso contra Rodríguez porque este, que entonces era jefe de Inteligencia Militar, no era quien estaba al mando y, por lo tanto, "no se puede probar la imputación".
En todo caso, agregó Calderón, la acusación del fiscal es contra el Ejército como institución y no contra los exgenerales, porque los planes y testimonios presentados por la Fiscalía no contemplan ninguna orden para cometer genocidio y tampoco mencionan a Ríos Montt ni a Rodríguez, sino a soldados.
Ambos son acusados como autores intelectuales de genocidio y delitos de lesa humanidad por la Fiscalía.
El caso por la matanza de los ixil también involucra a otro ex alto cargo castrense, Héctor Mario López Fuentes, cuyo destino se conocerá en una audiencia aún sin fecha debido a que sufrió un derrame cerebral y está recluido en el hospital militar junto a Rodríguez, recién operado de una rodilla.
En 2011 fueron detenidos López y Rodríguez, mientras que Ríos Montt se presentó de forma voluntaria a la Justicia en enero de 2012, fecha desde la que quedó bajo arresto domiciliario.
El enfrentamiento armado interno en Guatemala, que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla.
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