La ley escocesa, cuyo objetivo es la protección de la salud, impuso un precio mínimo de venta a todos aquellos que poseen en Escocia una licencia de venta de bebidas alcohólicas al por menor.
La ley apunta a determinadas bebidas "con un alto contenido de alcohol (...) que habitualmente compran los consumidores que tienen problemas de alcoholismo".
La Scotch Whisky Association, así como otras empresas, recurrió esta legislación ante la justicia escocesa que a su vez interrogó a la justicia europea para saber si la fijación de un precio mínimo era compatible con el derecho de la Unión, que tendría además como efecto "limitar la libre circulación de mercancías" y si la medida puede justificarse cuando el Estado miembro tiene libertad para adoptar medidas fiscales.
El tribunal estimó en su fallo que el mercado común no impede que los Estados miembros apliquen normas que persigan "un objetivo de interés general como la protección de la salud", pero la fijación de un precio mínimo constituye un freno a la libre circulación de mercaderías en tanto que constituye un obstáculo para el acceso al mercado británico de bebidas alcohólicas procedentes de otros Estados miembros de la UE.
Además, el tribunal estimó que "aunque la fijación de un PMU destinado a aumentar los precios de las bebidas alcohólicas baratas sea adecuada para reducir el consumo de alcohol, una práctica como la adoptada en Escocia no resulta justificada cuando puede protegerse la salud de una manera igualmente eficaz mediante medidas fiscales menos restrictivas".
Por lo que considera que la normativa escocesa podría alcanzar el mismo objetivo "introduciendo una medida fiscal dirigida al precio del alcohol en lugar de una medida que fije un precio mínimo de venta por unidad de alcohol".
pa.zm
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