Caracas, 9 mar.- La I Sala de la Corte de Apelaciones de Caracas rechazó la apelación contra la prórroga de la privación de libertad de la jueza María de Lourdes Afiuni, detenida en diciembre de 2009 por una supuesta liberación irregular de un empresario, dijo hoy su abogado, José Amalio Graterol.
En "una decisión aberrante, burla de abogados y del estado de derecho", se rechazó la apelación presentada el pasado 20 de enero "contra la decisión de prorrogar a dos años la medida de privativa de libertad", dijo Graterol a la emisora caraqueña Unión Radio.
La apelación buscaba dejar sin efecto la decisión emitida en diciembre por el juzgado encargado de la causa de prorrogar dos años más la prisión preventiva de la magistrada.
Las medidas judiciales adoptadas contra la jueza evidencian "el miedo" de sus excolegas a que "los vayan a botar" de sus cargos, agregó el abogado en alusión a que el presidente del país, Hugo Chávez, pidió en diciembre de 2009 la "máxima pena" para Afiuni.
Afiuni está en prisión preventiva desde esa fecha por presuntamente facilitar la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales.
La magistrada paso a régimen de reclusión domiciliaria por motivos de salud en febrero de 2010, con prohibición, entre otras cosas, de hacer declaraciones a la prensa.
Graterol insistió en que el seno derecho de la jueza "está comprometido en una cuarta parte" y ha pedido al tribunal que lleva el caso autorizar exámenes adicionales que asegura debieron haberse realizado hace ocho meses.
El caso de Afiuni se encuentra paralizado por la decisión de la magistrada de no presentarse al inicio de la vista oral, situación que se prolonga desde hace casi un año, debido a que la defensa considera que los magistrados del caso no son imparciales.
Graterol dijo que la Corte de Apelaciones de Caracas cuenta con una decena de salas, pero todo lo que pide sobre el caso recae en aquellas salas que jueces "complacientes con el Estado, con el Ejecutivo".
El de Afiuni es visto por organismos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), como un caso de "indebida interferencia política" por parte del Ejecutivo.
Chávez dijo en diciembre de 2009 que la liberación de Cedeño fue planificada por abogados de éste, la jueza Afiuni y algunos de sus subalternos que citaron al empresario a una audiencia sin la presencia del fiscal, y pidió entonces la máxima pena para la magistrada.
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