Madrid, 12 oct.- La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el caso del presunto robo de un bebé nacido en 1983 en la madrileña maternidad de Santa Cristina y en el que podría estar implicada la religiosa sor María Gómez Valbuena, fallecida el año pasado.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña estima el recurso presentado por la denunciante, Rafaela L.S., contra la resolución del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid de archivar la causa.
Los magistrados de la Audiencia de Madrid reclaman al Juzgado la práctica de las diligencias necesarias para esclarecer la suerte y el paradero del hijo de la denunciante.
Los hechos denunciados se remontan al 13 de febrero de 1983 cuando Rafaela L.S., soltera y de 19 años, dio a luz a un varón en la maternidad de Santa Cristina, donde había ingresado acompañada de su padrastro.
A la denunciante no le entregaron al recién nacido, que posiblemente fue dado en adopción, puesto que esta indicación aparece en su historia clínica, a pesar de que ella no dio su consentimiento.
La denuncia que la mujer presentó en los Juzgados de Instrucción el 17 de enero de 2013 apunta la posibilidad de que otra familia se hubiese apropiado del menor, lo que estaría avalado por la existencia de discrepancias en el número de habitación.
Según la denuncia, la religiosa María Gómez Valbuena, asistente social de la maternidad de Santa Cristina, se hizo cargo del recién nacido, amenazó a la madre cuando se interesó por el paradero de su hijo y la hizo desistir de cualquier otra reclamación.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid acordó el archivo de las diligencias el 18 de septiembre de 2013 por entender que no existían indicios que acreditaran los hechos denunciados y que el niño fue dado en adopción con el "consentimiento implícito" de la denunciante.
Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ordena reabrir el caso al considerar que, a tenor de la denuncia, la principal responsable de estos hechos sería la religiosa sor María Gómez Valbuena, ya fallecida, aunque, de ser ciertos, ésta no sería la única responsable.
Por ello, añade el auto, "ni su fallecimiento es suficiente para decretar el archivo ni puede entenderse que su muerte impida totalmente esclarecer lo sucedido".
Lo relevante en este caso, como sostiene la Fiscalía, es determinar si hubo adopción y si la denunciante la consintió de forma válida, subraya la resolución.
La Audiencia Provincial de Madrid reconoce que la declaración de la religiosa o del padrastro de la denunciante, ambos fallecidos, habrían resultado esenciales para determinar si el menor fue adoptado.
Pero el tribunal subraya que estas no son las únicas diligencias que pueden practicarse para que la investigación de los hechos denunciados se desarrolle de un modo eficaz.
Recuerda que en la denuncia se solicita que se compruebe si existe rastro de la adopción en diversos registros oficiales, pero el Juzgado de Instrucción no ha dado respuesta a esta petición.
Para la Audiencia de Madrid, en este caso, el acceso a los registros oficiales en los que se guardan los expedientes de adopción puede ser "el único medio razonablemente eficaz" para determinar si el hijo de la denunciante fue adoptado.
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