La Audiencia dice que un sindicalista pagó por meter a su hermano en un ERE

  • La Audiencia de Sevilla ha confirmado la fianza civil de 119.887 euros impuesta por la juez de los ERE al sindicalista de CCOO Francisco Casado Sánchez porque existe la "razonable sospecha" de que pagó 89.915 euros por la "inclusión presuntamente fraudulenta" de su hermano en unas ayudas.

Sevilla, 14 feb.- La Audiencia de Sevilla ha confirmado la fianza civil de 119.887 euros impuesta por la juez de los ERE al sindicalista de CCOO Francisco Casado Sánchez porque existe la "razonable sospecha" de que pagó 89.915 euros por la "inclusión presuntamente fraudulenta" de su hermano en unas ayudas.

La Sección Séptima de la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso Efe, rechaza el archivo pedido por el imputado y además confirma la fianza de responsabilidad civil de 119.887 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya, correspondiente a la cantidad pagada más el tercio legal previsto en estos casos.

La Audiencia recoge que, según la Agencia Tributaria, la empresa de Casado, Licassan, "habría mantenido relaciones comerciales ficticias" con Lógica Estratégica Empresarial, la empresa propiedad de Juan Francisco Trujillo, chófer de la Junta ya imputado en el caso.

Según el auto, Casado pagó 89.915 euros a la empresa de Trujillo como posible "contraprestación" para que su hermano José Manuel Casado se beneficiase "ilícita y ventajosamente" de su inclusión en el ERE de la empresa cordobesa Asean Brown Bovery (ABB).

Dicha posibilidad aparece refrendada por la declaración del propio Trujillo, quien declaró a la juez que su empresa había recibido facturas falsas, entre ellas de "una empresa constructora de Córdoba capital", cuyos dueños eran "conocidos de Javier Guerrero", en alusión al ex director general de Trabajo ya imputado.

Francisco Casado fue acusado por Alaya de haber conseguido un trato de favor en el ERE de ABB para su hermano José Manuel, expresidente del Comité de Empresa, que presuntamente logró una póliza superior a la del resto de afectados.

El abogado de Casado denunció que el sindicalista estuvo detenido más de 60 horas y la falta de motivación de Alaya, pero la Audiencia responde que la imputación judicial se dictó con anterioridad al auto de fianza, en concreto cuando Casado declaró ante la juez en octubre de 2013, cuando "se le instruyó pormenorizadamente tanto de sus derechos constitucionales y legales como de los hechos cuya comisión se le atribuye".

La Audiencia confirma además su obligación de personarse dos veces al mes en un juzgado, ya que según los jueces "no es excesivamente gravosa una comparecencia dos días al mes, con amplitud de horario y pudiendo hacerlo en el juzgado de su residencia", lo que es la práctica habitual en los juzgados.

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