La Audiencia Nacional ha concluido que el Estado no incurrió en responsabilidad patrimonial por no regular la actividad de Fórum Filatélico y Afinsa durante los más de 25 años en los que estuvieron operando, por lo que le exime de pagar los cerca de 4.600 millones de euros que reclamaban los afectados, según la sentencia dictada este viernes.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado un total de 570 recursos presentados contra el Estado por los cerca de 460.000 perjudicados por el fraude.
Los afectados por las presuntas estafas filatélicas acusaban a los máximos organismos del Estado de negligencia en el control y supervisión de las empresas durante los más de 25 años que estuvieron operando sin regulación específica.
Sin embargo, en las 25 sentencias notificadas hoy a otros tantos grupos de afectados, el tribunal considera que la actividad de estas sociedades escapaba del ámbito de supervisión de las autoridades financieras, ya que realizaban operaciones mercantiles, lo contrario que se sostiene en la vía concursal, donde se ha iniciado el proceso de liquidación de ambas empresas.
Las resoluciones notificadas hoy, que han sido adoptadas por unanimidad, se refieren a los primeros recursos de un total de 570 que afectan a más de 200.000 personas y que anticipan la decisión que previsiblemente se aplicará a todos ellos y que acaba con las esperanzas para el resto de inversores de Fórum y Afinsa.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entienden que, incluso en el caso de que ambas empresas hubieran realizado operaciones financieras, se trataría de un negocio simulado que se habría pactado para defraudar la normativa vigente, ya que no tenían autorización para ejercer actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito.
Así, defienden que las competencias de supervisión y control del Banco de España y el Ministerio de Economía sólo entrarían en juego si se entendiera que Fórum y Afinsa realizaban, en realidad, auténticas operaciones financieras.
Respecto a la responsabilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo y de las comunidades autónomas, argumentan que las inversiones en bienes tangibles mediante contratos con pacto de recompra era una actividad permitida legalmente, pero que la tolerancia por parte de las autoridades administrativas no aseguraba la solvencia económica de dichas empresas ni obligaba al Estado a responder de su insolvencia sobrevenida, en base al principio de confianza legítima.
Las sentencias notificadas hoy sólo serán recurribles ante el Tribunal Supremo por aquellos recurrentes que reclamen más de 150.000 euros.
Desde mayo de 2006, cuando ambas empresas fueron intervenidas, los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional siguen una investigación contra sus responsables por presunta estafa, insolvencia punible y administración desleal, entre otros delitos.
El agujero patrimonial de Fórum Filatélico es el mayor, con 2.802 millones de euros, mientras que en Afinsa asciende a 1.823 millones de euros.
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