La banca podrá imponer un acuerdo de refinanciación a acreedores disidentes

Madrid.- El Consejo de Ministros aprobó hoy el anteproyecto de reforma de la Ley Concursal, que busca eliminar los "elementos disuasorios" para que la banca refinancie deudas y aporte nueva liquidez a empresas en dificultades, con el objetivo de que eviten el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señaló hoy que la nueva norma favorece así los acuerdos extrajudiciales como "alternativa" a los procesos de insolvencia, que son percibidos "como una situación terminal, como un momento en el que estamos ante el fracaso de proyectos empresariales".

Entre las principales novedades de la reforma de la Ley Concursal destaca que "los acreedores financieros" podrán imponer al resto de los acreedores de una empresa un acuerdo de refinanciación de deuda, con lo que se evitan las minorías de bloqueo que han llevado a muchas sociedades al concurso de acreedores.

Esa imposición al resto de acreedores, que deberá ser homologada por un juez, exigirá en cualquier caso el apoyo de acreedores financieros que ostenten el 75% de las deudas y que un experto certifique la viabilidad de la sociedad.

Además, el anteproyecto también contempla ampliar las garantías de cobro a las entidades financieras que concedan nueva financiación a las empresas en dificultades en el marco de un acuerdo de refinanciación de deuda.

Así, el 50% de esas aportaciones tendrán prioridad en el pago si la sociedad llega a entrar en concurso, lo que quita "elementos disuasorios y permite mayor fluidez crediticia a las empresas", señaló el ministro de Justicia, que admitió que hasta ahora las entidades no se arriesgaban a dar nueva financiación "porque pueden correr el riesgo de que ese dinero no sea recuperado".

Para el socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo Juan Ignacio Fernández Aguado, el hecho de que sólo se garantice el cobro del 50% es "un principio pero no una solución total".

Luis Martín, socio del despacho de abogados Roca Junyent, y Agustín Macías, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, opinan que esta novedad "puede que tenga su utilidad, sobre todo, en la medida en que se flexibilicen las provisiones que obliga a realizar a las entidades financieras el Banco de España, como ha ocurrido en el caso de Martinsa Fadesa".

Además, expertos como Fernández Aguado y el profesor de la Universidad de Valencia Carlos Salinas señalan la importancia de que esa garantía de cobro no esté limitada a la banca, sino que se extienda también a socios de empresas o potenciales compradores.

En cambio, los expertos en insolvencias aplauden que la banca pueda imponer los acuerdos extrajudiciales al resto de acreedores, ya que es una medida que se aplica en países del entorno y que contribuirá a "desbloquear algunas situaciones, aunque para algunas empresas llega ya un poco tarde".

La Ley Concursal también trata de agilizar el procedimiento concursal para que las compañías puedan salir antes de la insolvencia o se liquiden anticipadamente.

También introduce novedades en cuanto a la administración concursal, la que gestiona los procesos de insolvencia, que tendrá nuevas competencias y que podrá ser una sociedad, en vez de tres personas físicas.

En el capítulo laboral, se pretende establecer que en el caso de que exista un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) abierto en una empresa cuando se declare el concurso no se volverá atrás en lo ejecutado.

En cualquier caso, la reforma de la Ley Concursal admite modificaciones, ya que el Gobierno la remitirá ahora al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Económico y Social y, posteriormente, al Parlamento.