Bruselas, 20 feb.- La Comisión Europea (CE) ha pedido a España que respete los derechos de los médicos forenses en lo que concierne al horario de trabajo máximo y los períodos mínimos de descanso, de acuerdo con la directiva sobre tiempo de trabajo.
El Ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado a las autoridades españolas para pedirle que cumpla la directiva, informó hoy en un comunicado.
De acuerdo con la CE, la legislación española "no garantiza a los médicos forenses varios derechos esenciales" establecidos en la directiva europea, por ejemplo el límite de 48 horas de duración media del trabajo semanal en un período de referencia de cuatro meses y el descanso mínimo después de trabajar horas extraordinarias.
La Comisión afirma que a los médicos se les pide con frecuencia que presten servicios de atención continuada semanales, además del horario de trabajo normal, y la legislación nacional no garantiza que esas horas extraordinarias estén limitadas a 48 horas semanales de media, calculadas en el período de referencia adecuado.
La legislación nacional tampoco garantiza, según la CE, que los médicos forenses gocen de un descanso mínimo diario durante esos períodos de atención continuada.
De acuerdo con la directiva, se permite a los estados miembros excluir de las disposiciones sobre el descanso mínimo diario las actividades caracterizadas por la necesidad de garantizar la continuidad del servicio.
No obstante, solo con la condición de que se concedan períodos equivalentes de descanso compensatorio a los trabajadores en cuestión inmediatamente después de las horas de trabajo adicionales, algo que no garantiza la legislación nacional española.
La Comisión recibió una queja sobre esta situación y en septiembre de 2012 envió una carta de emplazamiento a España en la que le expresaba su preocupación.
La petición de ahora se ha hecho mediante un dictamen motivado siguiendo los procedimientos de infracción de la Unión Europea (UE).
España dispone de un plazo de dos meses para informar a la Comisión de las medidas adoptadas para adaptar la legislación nacional a de la UE.
De lo contrario, la Comisión podrá llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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