La CEOE quiere que el empresario tenga más potestad en el despido colectivo

Madrid, 29 feb.- La CEOE quiere que el empresario "decida" en materia de despidos colectivos siempre que lo "razone", que siga un procedimiento, y explique a los representantes de los trabajadores las razones de esta decisión, según el director de Relaciones Laborales de la CEOE, José de la Cavada.

De la Cavada hizo estas declaraciones a los medios en el Congreso antes de participar en una jornada parlamentaria organizada por el Grupo Socialista sobre la reforma laboral.

"No nos gusta la regulación que se hace sobre el despido colectivo en cuanto a la intervención de los jueces, se debería encauzar mejor y no convertir al juez en un empresario que tenga que analizar todo el proceso decisorio para hacer una amortización de plantilla", ha subrayado.

Según de la Cavada, la patronal todavía no ha presentado sus propuestas para cambiar algunos aspectos de la reforma laboral durante la tramitación parlamentaria, aunque sí ha propuesto a los sindicatos que el arbitraje ante un conflicto laboral se haga dentro del SIMA y no en la Comisión Consultiva de Convenios, "que tiene funciones asesoras".

Ha señalado que esta cuestión afecta a cuestiones como la ultraactividad de los convenios (prórroga automática de un convenio caducado) y a la no aplicación del mismo, según el directivo de la CEOE.

En este sentido, ha insistido en que en España "suele suceder que el juez sustituya al empresario" y que al juez lo que hay que darle son "facultades de tutela judicial efectiva sobre derechos fundamentales, fraude de ley o seguimiento de procedimientos", pero no dejarle abierta totalmente la interpretación.

En su opinión, en la reforma laboral se ha especificado más en cuanto a las causas del despido, "no en análisis de la medida".

De la Cavada considera que al juez hay que darle competencias no sobre la idoneidad de la medida sino sobre que esa medida no vaya contra los derechos fundamentales.

El directivo de la CEOE ve "lógico" que el empresario tenga más potestad organizativa, porque considera que quien tiene que justificar que quiere extinguir contratos en base a que pierde un determinado porcentaje de facturación es quien tiene la empresa.

Respecto a la posibilidad de que los sindicatos convoquen una huelga general ha dicho que lo "respeta" porque es un acto constitucional pese a lo que significa de "desgaste" incluso para los sindicatos y de alteración en la actividad económica tal y como está.