La Consejería de Empleo justificó las ayudas por "eficiencia y racionalidad"

Sevilla, 7 feb.- La gestión de las ayudas que la Junta de Andalucía va a investigar para detectar posibles fraudes fueron justificadas por criterios de "eficiencia y racionalidad" en el año 2005 por el entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, en respuesta a los reparos de la Intervención General.

Un escrito de alegaciones firmado en 2005 y aportado al juzgado que investiga esas ayudas, al que ha tenido acceso Efe, recoge que el sistema de financiación elegido pretendía "evitar actuaciones autónomas y descoordinadas, economizar y optimizar los recursos" y evitar la duplicidad de actuaciones.

El viceconsejero explicó entonces el sistema elegido porque las actuaciones estaban dirigidas a "evitar colapsos de empresas, propiciar su salvación o restablecer la paz social", lo que obligaba a descartar "que el procedimiento de actuación se llevase a cabo a través de procedimientos singulares de subvenciones excepcionales, sometidos a un dilatado procedimiento administrativo".

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha anunciado hoy que la Junta ha abierto una investigación para revisar de oficio ayudas por importe de unos setenta millones de euros a empresas e instituciones con el fin de que "aflore el eventual fraude que se haya podido cometer en alguna de ellas".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la consejera ha informado de que dentro de la partida 31L, destinada a ayudas socio-laborales a empresas en crisis, hay un capítulo que no se destinó a subvencionar ERE sino que se dirigía a empresas e instituciones y esto es lo que se somete a revisión.

En abril de 2005, en respuesta a los reparos que la Intervención de la Junta hizo a las transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y a su sucesora, la agencia IDEA, Barberá sostuvo que dicha fórmula "no está prohibida por el ordenamiento jurídico, por lo que no se trata de un ilícito administrativo, ni siquiera de una irregularidad", con independencia de que "existan otros criterios o preferencias".

La Intervención calificó de "inadecuada" esta actuación, a lo que Empleo respondió que las alternativas de subvención excepcional o encargo de ejecución no eran "operativas" para amparar "la heterogeneidad de actuaciones" que debían afrontar, en especial en lo relativo a "actuaciones especiales en empresas en dificultades".

En el informe jurídico, de doce folios, Barberá argumentó que las transferencias de financiación de explotación "no se limitaron a actuaciones en materia de empleo y relaciones laborales, sino sobre todo y especialmente para actuaciones en materia de innovación tecnológica".