Madrid.- La declaración de los siete acusados del asesinato del capo de la droga colombiano Leónidas Vargas, tiroteado en 2009 en una cama del hospital Doce de Octubre, se ha aplazado por segundo día consecutivo después de elegirse ayer el tribunal popular y de dedicarse el día de hoy a cuestiones previas.
La mayoría de las defensas de los procesados han destacado esta mañana en sus intervenciones su disconformidad con las escuchas telefónicas policiales que conllevaron a las detenciones, aunque han comentado que remiten la resolución del tema a la sentencia.
Dicha decisión deberá tomarla el tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid que hoy ha preferido que el interrogatorio a los procesados -cinco colombianos, un venezolano y un rumano- se lleve a cabo mañana durante todo el día, de forma ininterrumpida y sin problemas de tiempo para las partes o de cansancio para los miembros del jurado popular.
La sala ha admitido también una nueva prueba aportada por el Ministerio Público relativa a los DNI de las hijas menores del acusado de ser el jefe de la supuesta banda, José Jonathan F.O., porque, según la investigación policial, demuestran la conexión entre éste y un número de teléfono intervenido por la policía y del que se sacaron escuchas relevantes para el caso.
Sin embargo, su abogado, Jacobo Tejeilo, ha mostrado su indignación sobre que se utilicen los datos de unas niñas, lo que causa intimidación a su padre y puede ir contra la legislación sobre protección de datos y la Ley del menor.
El presidente ha admitido la prueba del fiscal, aunque retirando de la documentación las fotos y las huellas dactilares de las menores.
El fiscal ha resaltado que toda la investigación en la muerte de Vargas comenzó después de contrastarse que una llamada telefónica captada por una antena cercana al hospital se había hecho desde el mismo número telefónico que estaban siguiendo unos agentes de Jaén por un tema de drogas.
A raíz de ese teléfono, presuntamente de Alexander S.C., el grupo de Homicidios de la policía judicial fue completando "un puzzle" que terminó con la detención de los siete acusados, cinco de ellos en prisión provisional desde 2009.
Los abogados defensores han manifestado que ese puzzle está acabado "apretando las piezas", ya que no hay pruebas de cargo sobre sus clientes.
Entre los procesados, que se enfrentan a penas que oscilan entre los cinco y los veintiocho años de prisión, se encuentra el presunto autor material de los cinco disparos que acabaron con la vida de Vargas, de 59 años, el colombiano Jonathan Andrés O., según el Ministerio Público.
Otras cinco personas fueron cooperadores necesarios: los colombianos Alexander S.C., José Jonathan F.O., Yuli Carolina O.R. y Jonathan M.R., y el venezolano Edgar Andrés O.F.
El séptimo procesado es el rumano Andrei A.C., al que el fiscal considera encubridor del asesinato.
Los abogados han llamado la atención sobre que al grupo no se le juzga por el delito de asociación ilícita.
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