Carlos Arrazola
Guatemala, 22 may.- Los abogados del exjefe de Estado de facto guatemalteco José Efraín Ríos Montt comenzaron hoy a preparar los recursos que presentarán para impugnar la resolución emitida el lunes por una jueza que ordenó iniciar un segundo proceso penal por genocidio en su contra por la matanza de 201 campesinos en 1982.
La defensa de Ríos Montt señaló hoy que los recursos que preparan, y que presentarán ante todas las instancias que les sea posible, están encaminados, más que a evitar los juicios, a demostrar que el genocidio y los delitos de lesa humanidad de que le acusan "nunca existieron".
"Durante la guerra lo que ocurrieron fueron muertes, excesos y hasta masacres, pero no genocidio. Eso es lo que vamos a demostrar", dijo hoy a Efe el abogado Francisco Palomo, quien dirige el equipo de defensa de Ríos Montt, de 86 años.
Después de casi dos décadas en que organizaciones de derechos humanos, supervivientes de las matanzas y familiares de las víctimas iniciaron los procesos en busca de justicia, los tribunales guatemaltecos han encontrado "razonables evidencias" para investigar y procesar al anciano exmilitar, que gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
El 26 enero pasado, apenas unos días después de haber perdido la inmunidad jurídica que mantuvo durante los últimos años como diputado al Congreso, la jueza Carol Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, lo ligó a proceso penal y ordenó su arresto domiciliario por un primer caso.
Flores atendió la petición de la Fiscalía que lo acusó de genocidio y delitos de lesa humanidad, por supuestamente haber diseñado, ejecutado y ordenado tres planes contrainsurgentes por medio de los cuales el Ejército asesinó a al menos 1.771 indígenas de la etnia ixil durante el tiempo que él gobernó este país centroamericano.
Los abogados de Ríos Montt lograron, en marzo pasado, que la jueza Flores dejara de conocer el caso, que fue trasladado a otro tribunal, pero fracasaron en el intento de obtener una amnistía a su favor.
El lunes, Ríos Montt se enfrentó de nuevo ante la jueza Flores, cuya judicatura conoce el proceso judicial por la muerte de 201 campesinos perpetrada por miembros de Ejército el 7 de diciembre de 1982, en la comunidad de Las Dos Erres, del municipio de La Libertad, en el norteño departamento de Petén.
Aunque en este caso la Fiscalía acusó al exjefe de Estado de asesinato y delitos contra la humanidad, tras analizar los antecedentes, argumentos y evidencias, Flores ordenó ligarlo a proceso pero no por asesinato sino por genocidio, ya que consideró que la acción militar tenía como objetivo aniquilar a los miembros de la comunidad.
Por este mismo hecho, en agosto de 2011 tres exmilitares que participaron en la matanza fueron condenados por un tribunal guatemalteco a 6.060 años de prisión y un cuarto involucrado fue sentenciado a la misma pena en marzo pasado.
Según Palomo, los fallos de la jueza son respetables, pero "alejados de la realidad", "incongruentes" y "refutables", por lo que con los recursos que promoverán en los próximos días "se demostrará que en Guatemala no hubo genocidio", aseguró.
Ríos Montt, que gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, la época más sangrienta de la represión militar que padeció el país durante su guerra interna de 36 años (1960-1996), es el único exalto cargo militar que formalmente ha sido acusado de genocidio y delitos de lesa humanidad.
El también exgeneral golpista Óscar Mejía Víctores (1983-1986) se libró de enfrentar a la Justicia en diciembre pasado, cuando un juez lo declaró "incapaz" de afrontar un juicio debido a un derrame cerebral que sufrió y lo dejó en libertad.
Juan Francisco Soto, director del no gubernamental Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, que asesora a los familiares de las víctimas, se declaró "satisfecho" por el rumbo que ha tomado el proceso, que calificó de "esperanzador" en la lucha contra la impunidad.
"Sabemos que la defensa (de Ríos Montt) presentará una lluvia de recursos (...) para entorpecer los procesos y evitar una sentencia condenatoria, y estamos preparados para ello", dijo hoy a Efe.
Lo importante, agregó, "es que la justicia llegue", aunque sea tarde.
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