La exmujer de Carlos Fabra le delegaba la gestión económica, según su defensa

  • La defensa de la exesposa de Carlos Fabra, Amparo Fernández, ha asegurado hoy, en el juicio que ha quedado ya visto para sentencia, que esta tenía delegada "con confianza" toda la gestión de la economía familiar en su marido y que los tres delitos fiscales de los que se le acusa han prescrito.

Castellón, 30 oct.- La defensa de la exesposa de Carlos Fabra, Amparo Fernández, ha asegurado hoy, en el juicio que ha quedado ya visto para sentencia, que esta tenía delegada "con confianza" toda la gestión de la economía familiar en su marido y que los tres delitos fiscales de los que se le acusa han prescrito.

La letrada ha hecho estas manifestaciones durante la lectura de conclusiones en la última sesión del juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, que ha concluido hoy después de diez jornadas, que arrancaron el pasado 2 de octubre.

Las defensas de los cinco imputados han pedido la libre absolución de sus defendidos.

En el juicio están imputados el expresidente de la Diputación de Castellón y provincial del PP Carlos Fabra, para quien se piden 13 años de prisión por un delito de tráfico de influencias continuado, un delito de cohecho continuado y cuatro delitos fiscales, y su exesposa para quien se pide 6 años de prisión por tres delitos fiscales.

También están imputados el empresario Vicente Vilar y su exmujer, Monserrat Vives, a quienes se acusa de cohecho y se pide cuatro años de prisión para cada uno, y el exsenador del PP por Castellón Miguel Prim, acusado de tráfico de influencias y para quien se pide una pena de un año de prisión.

Los peritos fiscales que declararon en el juicio aseguraron que el matrimonio Fabra-Fernández realizó ingresos no justificados en efectivo en sus 81 cuentas por valor de 3,2 millones de euros entre 1999 y 2003.

Sin embargo el abogado de Fabra afirmó ayer que no hay pruebas de los delitos de cohecho y tráfico de influencias y aseguró que los peritos de la Agencia Tributaria "están contaminados" y han hecho un "juicio paralelo".

A estas consideraciones se ha sumado hoy la abogada de Fernández, quien además ha recordado que solo se mantiene en esa petición de pena, por tres delitos contra la Hacienda Pública, la acusación particular de la Unión de Consumidores de España (UCE), ya que ayer, en la lectura de conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado consideraron que uno de los delitos ya ha prescrito.

Además ha dicho que estos dos delitos fiscales han prescrito también y que hay pruebas que demuestran este extremo.

La letrada ha afirmado igualmente que desde los años 80 del siglo pasado, Fernández tenía poderes asignados a Fabra y delegaba "con confianza toda la gestión de la economía familiar en él".

Asimismo ha dicho que Fernández "no es una ignorante ama de casa, sino que tenía asignada un rol en la familia", y ella no se encargaba de la gestión de las cuentas del matrimonio.

Por su parte, la defensa de Vilar ha dicho que su cliente, que cambió su versión al inicio del juicio sobre la denuncia seminal del caso, en la que acusó a Fabra de haber mediado para aprobar los productos de su empresa a cambio de dinero, no ha tratado de "exculparse", sino de "decir la verdad" después de "recapacitar" tras "largos años privado de libertad".

Vilar sostuvo en su declaración que denunció a Fabra porque este no le apoyó cuando su entonces esposa, Monserrat Vives, le denunció por violación, lo que le llevó a una condena de 10 años de prisión.

La defensa de Monserrat Vives ha dicho que ella "ni llenó bolsas, ni maletines, ni puso dinero debajo de las bandejas de fruta", que, según las acusaciones, les fueron entregados a Fabra y Fernández a cambio de los favores.

El letrado de Vives ha dicho que ésta está "arruinada" y "no hay nada que la incrimine".

El presidente del tribunal le ha llamado la atención, ya que en su exposición se ha referido continuamente a la inocencia de Carlos Fabra y este no es su patrocinado.

Por su parte, el abogado de Prim ha dicho que su cliente actuó en calidad de senador interesándose "por empresas de su provincia", pero "su conducta no es delito", y en caso de serlo, ha agregado, "habría prescrito".

Prim, ha añadido, "no pidió ningún trato de favor, ni ninguna resolución que no fuera debida" y además, "no se ha obtenido trato de favor ni nadie se ha sentido presionado, por lo que no hay delito". EFE

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