La fape critica la imposición de bloques electorales a las televisiones privadas

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) critica la imposición de bloques electorales televisivos porque "invalidan el papel informativo del periodista, suponiendo un auténtico atropello profesional".
Advierte, además, que la reforma de la legislación electoral que incluye esa imposición, y que está actualmente en trámite parlamentario en el Senado, podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución al obligar a las cadenas privadas a dedicar espacios a la propaganda política bajo los mismos criterios de proporcionalidad y neutralidad que ya imperan en las públicas.
Así lo señala un informe de la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, que rechaza este "nuevo intento de imponer límites al periodismo" y establece diferencias entre las funciones de los medios de comunicación públicos y privados, de acuerdo a su naturaleza jurídica.
"Los medios privados, por su interés económico general, no tienen función de servicio público esencial y, por tanto, no se les puede exigir la gratuidad de estas emisiones electorales, lo que, en todo caso, vulneraría el artículo 20 de la Constitución en relación a la libertad de información", dice el informe.
Entiende por ello que "este intento interesado de convertir la información libre en un altavoz de mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para las audiencias constituye un grave atropello profesional".
La FAPE interpreta la reforma como "un claro empeño de anular la profesión periodística, que ya es lo suficientemente vilipendiada en la cobertura electoral con la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, la distribución de productos enlatados, las restricciones de acceso a los mítines de campaña y la obligación de conectar con la señal oficial del partido político de turno".
Propone por ello a los medios "el rechazó unánime a toda información producida bajo la cuestionable deontología periodística de los partidos políticos" y apela a la responsabilidad de las empresas informativas para apoyar a sus trabajadores en la defensa de su derecho a informar en libertad.