La FIDH condena "la vulneración del derecho al debido proceso" contra Lugo

París, 25 jun- La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) condenó hoy lo que considera una "vulneración del derecho al debido proceso" en el juicio político contra el presidente de Paraguay Fernando Lugo, que culminó el pasado día 22 con su destitución.

En un comunicado, la Federación expresó sus dudas sobre la "legitimidad" de esa decisión y pidió a la Unión Europea que adopte una posición unánime de rechazo.

La Federación se suma "el rechazo internacional" que ha ocasionado la destitución "expedita" del presidente Fernando Lugo, e insta a las autoridades paraguayas a tomar todas las medidas necesarias para "garantizar el respeto del orden democrático y del Estado de derecho", añade la nota.

Asimismo, la FIDH urge al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a que promueva "la normalización de la institucionalidad democrática", de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

"Condenamos la remoción del presidente Fernando Lugo en la medida en que se llevó a cabo de forma apresurada", circunstancia que hace surgir "serias dudas en cuanto a la imparcialidad e independencia de esta decisión", dijo la presidenta de la FIDH, Souhayr Belhassen, en el comunicado.

"Estos hechos -agregó- son de suma gravedad y representan una seria amenaza para la democracia no sólo en Paraguay, sino en todo el continente", tres años después del golpe de Estado en Honduras.

La FIDH "considera que se violó el derecho al debido proceso", en particular el derecho a la defensa, ya que el Presidente Lugo "tuvo solamente dos horas, tan sólo un día tras el anuncio de la decisión del Senado, para presentar su defensa, a pesar de que habría solicitado un plazo adicional", destacó el comunicado.

La FIDH recordó que el pasado día 22, el Senado de Paraguay votó la destitución de Lugo, con 39 votos a favor, cuatro en contra y dos ausencias, en el marco de "un juicio político iniciado en su contra por "mal desempeño de sus funciones".

El juicio había sido promovido tras la muerte de 11 campesinos sin tierra y 6 policías en el desalojo forzoso de una finca privada en la localidad de Curuguaty, departamento de Canindayú.

Hechos que la Federación estimó necesario que sean objeto "de una investigación diligente", y de ninguna manera "ser instrumentalizados con fines políticos".

La Federación recordó, asimismo, que la acusación contra el presidente Lugo fue formulada el 21 de junio por la Cámara de Diputados con 76 votos a favor y uno en contra y que el artículo 225 de la Constitución de Paraguay prevé este mecanismo de juicio político contra altos mandos del poder ejecutivo y judicial.