Torredembarra (Tarragona), 3 dic.- La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad organizada investiga al Ayuntamiento de Torredembarra en la instrucción de un delito contra la administración pública del juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), han informado a Efe fuentes judiciales.
El fiscal anticorrupción de Madrid, José Grinda, y el de Barcelona, Fernando Bermejo, se han incorporado al caso que investiga el juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona) bajo secreto de sumario y que afecta a gran parte del antiguo equipo de gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción interviene en una de las piezas separadas que investiga los delitos contra la administración pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Los grupos municipales del PSC y ERC denunciaron a la Fiscalía de Tarragona varias irregularidades presuntamente cometidas bajo la alcaldía de Daniel Masagué (CiU), entre ellas, el contrato del agua a Sorea y la adjudicación a la empresa Teyco del aparcamiento de Filadors.
También denunciaron la contratación de la consultora Efial que, a su juicio, suplía a los servicios técnicos municipales, y el alquiler de dos locales con derecho a compra, uno propiedad de un empresario local y otro, de la quebrada empresa Vicsan.
La investigación dio un vuelco a partir de la denuncia de un extrabajador contra el alcalde Masagué y la concejal Montse Gassull (antes de ERC y ahora del grupo de no adscritos), que derivó en un registro de más de 14 horas en el Ayuntamiento y en la empresa y domicilio del alcalde el pasado 26 de junio.
La Guardia Civil detuvo al alcalde, a seis concejales y a un empresario local; Masagué dimitió semanas después desde la cárcel de Brians y Torredembarra se sumió en una grave crisis de gobierno que se zanjó con la elección de Enric Grangel (PSC) como nuevo alcalde.
En todo este caso, el juzgado número 1 de El Vendrell ha imputado, además de al exalcalde y a los concejales, a la interventora municipal, a la jefa de contratación, al ingeniero de obras y al excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento.
También ha imputado a tres empresarios locales -dos de ellos, los dueños de los locales alquilados de forma presuntamente irregular al Ayuntamiento- y al empresario barcelonés que se adjudicó la construcción del aparcamiento Filadors.
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