La Fiscalía Anticorrupción pide 3,5 millones de fianza a empresaria imputada

Sevilla, 16 may.- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy una fianza de 3,5 millones de euros para Encarnación Poto Monge, expresidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO), que se ha negado a declarar ante la juez que investiga los ERE fraudulentos.

Fuentes del caso han informado de que Poto ha sido imputada de presuntos delitos de obtención indebida de subvenciones, cohecho y prevaricación al ser incluida en el ERE de su empresa pese a que siguió trabajando como presidenta y por haber consentido la inclusión de dos intrusos.

La empresaria se ha remitido a su declaración ante la Guardia Civil, cuando aseguró que se prejubiló como directora de ACYCO y tres meses después fue contratada por el grupo SOS cuando compró la empresa y puso como condición que ella siguiera de presidente, dado su conocimiento del sector.

Aseguró entonces que consultó su situación con los servicios jurídicos y le dijeron que se trataba de una posibilidad permitida por la ley.

Poto también niega la acusación de la juez Mercedes Alaya de haber destinado 109.620 euros recibidos de la Junta para ayudas sociolaborales a pagar sus deudas con el bufete Garrigues y afirma que está documentado que ese dinero se destinó a contratar a personal eventual, cuyos contratos ha aportado, y que la factura de Garrigues salió de la tesorería de la empresa, según ha informado a los periodistas su abogado, Javier Gimeno Puche.

Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción, el letrado de la Junta y la acusación particular del PP han solicitado una fianza de 3,5 millones de euros para hacer frente a sus futuras responsabilidades civiles y ninguna de las partes ha pedido prisión, como sí hicieron con los imputados ya encarcelados, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Poto está acusada de haber permitido la inclusión en la póliza de ACYCO de dos "intrusos" que nunca trabajaron en la empresa: Andrés Carrasco, que era amigo del exdirector de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero y también vecino de El Pedroso (Sevilla), quien percibió 120.201 euros, y Domingo Martínez Castillo, exalcalde del PSOE en San Nicolás del Puerto (Huelva), que obtuvo 104.885 euros.

Ella misma, según la juez, cobró por asistencia a los consejos de administración de ACYCO 36.000 euros en el año 2004; 24.000 euros en el 2005; y 48.000 euros en el 2006, en una progresión hasta alcanzar los 98.995 en el año 2010, según el auto de imputación dictado en enero pasado.

La juez también ha tomado hoy declaración a Gabriel Barrero, abogado y exresponsable de Recursos Humanos de esta empresa radicada en Dos Hermanas (Sevilla), quien ha aportado en su defensa un fax enviado al bufete Garrigues el 20 de octubre de 2003, el mismo día de la firma del ERE, en el que marcó con la expresión "No son ACYCO" los nombres de los dos "intrusos" que le imputa la juez.

Según la defensa de Barrero, no se le puede culpar de dicha "actuación omisiva ante los intrusos", como dice la juez, cuando la propia Mercedes Alaya culpa a los abogados de Garrigues de haber mantenido a esos intrusos pese a que "el abogado de ACYCO les advirtió de su existencia por fax y por teléfono".