Madrid, 26 nov.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho hoy que la Fiscalía estudiará la petición de la juez argentina María Sevini para que 20 acusados por la causa de crímenes franquistas, entre ellos dos exministros, sean extraditados a su país para ser juzgados.
Torres-Dulce ha sido interpelado por varios diputados al término de su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso para presentar la memoria anual de la Fiscalía General de 2013.
"Tenemos que ver si las detenciones tienen base fáctica y jurídica, si bien existen errores en la orden de la jueza Servini", ha explicado el fiscal.
Ha citado que Salvador Puig Antich no fue condenado por asesinar al almirante Luis Carrero Blanco y que se imputa a Rodolfo Martín Villa por la muerte en Vitoria de cinco trabajadores en una acción policial en marzo de 1976 como responsable de Interior, si bien en aquella época no lo era.
Con todo, ha dicho que la Fiscalía resolverá "atendiendo escrupulosamente" a la posición fijada por dos decisiones del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
En 2009 el Constitucional limitó el concepto de jurisdicción universal, mientras que el Supremo argumentó que la ley de amnistía de 1977 "fue promulgada con el consenso total de las fuerzas políticas" y "tuvo un evidente sentido de reconciliación, pues la transición española exigió que todas las fuerzas políticas cedieran algo en sus diferentes posturas".
Eso sí, Torres-Dulce, se ha definido como partidario de la Justicia Universal. "Todo lo que suponga una restricción a este principio estoy absolutamente en contra", ha asegurado.
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