La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado investigar al expresidente de los Estados Unidos George W. Bush por las torturas denunciadas por varios presos españoles detenidos en Guantánamo al estimar que por ahora no existe ningún elemento que permita identificar a los responsables de los delitos.
Así lo asegura el fiscal Pedro Martínez en un escrito remitido al juez Pablo Ruz después de que éste reactivara el pasado 13 de enero la causa, abierta hace casi tres años a raíz de la querella del español Hamed Abderrahman Ahmed y el marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, que estuvieron detenidos en Guantánamo, contra Bush y otros altos cargos de la Administración norteamericana.
Entre ellos, el exvicepresidente Richard Cheney, el exsecretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld y los generales Michael Lehner y Geoffrey Miller, responsables del campo de detención.
Sin embargo, para la Fiscalía, "en este momento la investigación no ha aportado los elementos necesarios para poder identificar a los presuntos responsables de las lesiones sufridas por los querellantes".
Y, además, "no puede concretarse la imputación a personas cuya identidad se conozca" por los documentos aportados a la causa, en la que también se personaron posteriormente Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes, que también permanecieron retenidos en el centro.
Reactivar la causa
En este punto, recuerda al magistrado que su resolución ya excluía a los querellados al ordenar que, mientras recibía el informe de la Fiscalía, no la notificaría a los mismos.
A la espera de dicho informe, Ruz también se negaba a ampliarla al exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), George Tenet, y a citar como imputado a Miller, precisa el fiscal que, no obstante, no se opone a que el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR en sus siglas en inglés) y el Centro estadounidense por los Derechos Constitucionales (CCR).
Ruz acordó reactivar esta causa ante la falta "absoluta" de respuesta a sus requerimientos de información a las autoridades norteamericanas y del Reino Unido sobre si están investigando los mismos hechos, a los que atribuía "un vínculo de conexión relevante con España".
Según el juez, los hechos denunciados por ellos pueden ser constitutivos de los delitos de torturas y contra la integridad moral y de otros contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crímenes de guerra).
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