La Fiscalía pide casi 3 años de cárcel para Campanario y su madre por supuestos delitos de falsificación

  • Están acusadas de estafa y cooperación necesaria para delitos de falsificación, por lo que el fiscal que lleva el caso de la Operación Karlos en la Audiencia Provincial de Cádiz pide dos años y nueve meses de prisión para la mujer del torero Jesulín de Ubrique y otros tantos para la madre de ésta.
Fiscalía pide casi 3 años de cárcel para Campanario y su madre
Fiscalía pide casi 3 años de cárcel para Campanario y su madre
Europa Press

El Ministerio Fiscal ha presentado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz por el caso de la Operación Karlos su petición de penas definitivas. Para María José Campanario y su madre, Remedios Torres, pide dos años y nueve meses de prisión para cada una por estafa y cooperación necesaria para delitos de falsificación.

El juicio de la Operación Karlos continuará este miércoles con las conclusiones finales de las diferentes partes una vez que ya han leído en Sala sus peticiones finales de condena, en las que la Fiscalía ha retirado el delito de cohecho y el de usurpación de estado civil por la suplantación de la madre de Campanario en una prueba médica.

La Operación Karlos investiga las actividades de una red acusada de conseguir fraudulentamente pensiones de incapacidad laboral. Uno de los cabecillas de esta red confesó ante el tribunal que cobró 18.000 euros por los trámites que realizó para Remedios Torres, la madre de María José Campanario, quien estuvo al tanto del proceso, según Carlos Carretero, exjefe de la Policía Local de Ubrique.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado para el inspector médico Francisco Casto un total de nueve años de prisión por los delitos de falsedad en documento oficial y cooperación necesaria para estafa.

Asimismo, para Carlos Carretero --tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía-- ha reclamado cuatro años de prisión por los delitos de estafa y cooperación necesaria para un delito de falsedad. 

Igualmente, ha solicitado una condena de dos años de prisión para Elisa Calvente (novia de Carlos Carretero) y otros dos para José Luis López 'El Turronero'. Ambos también habían llegado a un acuerdo previo con el Ministerio Fiscal.

Por su parte, la acusación de la Junta de Andalucía se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía, mientras que la acusación de la Seguridad Social ha solicitado 12 años de prisión para el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, por los delitos de cohecho y falsedad en concurso con estafa y de tres años prisión para María José Campanario y su madre, Remedios Torres.

ILa defensa insiste en la "inexistencia" del delito

El letrado que ejerce la defensa de María José Campanario y de su madre ha seguido defendiendo la nulidad del proceso por considerar contrarias al derecho fundamental las escuchas telefónicas y ha insistido la "inexistencia de delito".

Por su parte, Felipe Meléndez, el letrado de Francisco Casto ha mantenido el escrito provisional y la petición de nulidad por las escuchas. En este sentido, ha añadido que las cintas oídas durante el juicio "son copias y no originales", así como que no se conoce el paradero de las originales o quién las ha podido manipular. Con ello, el letrado ha tirado de jurisprudencia para defender que ese hecho "determina la nulidad de la prueba".

Además, ha sido muy crítico con la Fiscalía y los acusados que habían llegado a un acuerdo previo, presentando por esto una nueva cuestión de nulidad del proceso.

Meléndez ha señalado que se ha mediatizado a los acusados para llegar a un acuerdo y que se acusara a los que no lo habían hecho (como a su patrocinado) introduciendo por primera vez desde que comenzó la instrucción del caso el reconocimiento de hechos (como hizo Carlos Carretero, uno de los principales cabecillas de la trama). A juicio del letrado, este hecho afecta a las garantías del derecho penal.

Asimismo, alega indefensión, ya que los acusados que habían llegado a un acuerdo han admitido "sorpresivamente" hechos negados durante el procedimiento, con lo cual no da tiempo a la defensa a la búsqueda de pruebas al estar el juicio ya iniciado.

Además, ha añadido que tampoco se ha podido ejercer la defensa al negarse los que habían llegado a un acuerdo previo al juicio a contestar las preguntas realizadas por otras partes que no fueran la Fiscalía.

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