El Govern ha decidido adoptar medidas que se derivan de la resolución del Tribunal Constitucional para garantizar la "seguridad jurídica", lo que conlleva suspender la campaña institucional de la consulta, y presentará alegaciones a la decisión del TC de suspender cautelarmente el referendo del 9N.
"Estamos en un contexto en el que nada se ha terminado; hay una situación procesal que no se pasa por alto pero la pretensión es continuar y haremos las cosas cumpliendo los compromisos adquiridos y ajustados al derecho", ha afirmado Homs en rueda de prensa.
El conseller ha informado que el Govern, a petición del presidente de la Generalitat, ha decidido tomar las medidas que se derivan de la decisión del Tribunal Constitucional para garantizar la "seguridad jurídica" en la actividad de los funcionarios públicos, lo que incluye, según ha dicho Homs, la suspensión de la campaña institucional del 9N.Correos no distribuirá papeletas del 9N
Correos, el operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal, aseguró este martes que en ningún caso distribuirá papeletas de una hipotética consulta el 9-N en Cataluña, dado que para participar en procesos electorales este organismo necesita una orden expresa del Gobierno central , instrucción que no ha recibido en este caso.
Según confirmaron a Servimedia fuentes de la compañía, "no ha habido ninguna orden" por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy para que no repartan papeletas que ayuden a la consulta, dado que el procedimiento es justamente el contrario. Es decir, Correos participa en la difusión de propaganda electoral siempre que el Ejecutivo dé esa "instrucción" en cuando a una cita con las urnas convocada legalmente.
"La imposición de obligaciones de servicio público a Correos es competencia exclusiva del Estado, no de la Generalitat de Cataluña", afirmaron dichas fuentes. "No es que alguien nos prohíba repartir las papeletas; es que el Estado central nos lo tendría que mandar", subrayaron.Ninguna competencia
Según recoge el artículo 22.5 de la ley postal, "el Gobierno podrá imponer al operador designado para prestar el servicio postal universal las obligaciones de servicio público necesarias para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales".
En consecuencia, en el caso de celebrarse una consulta ilegal el 9-N en la autonomía catalana, este operador postal no intervendrá en el reparto de papeles electorales que impulsen el referéndum, puesto que el Gobierno de Rajoy, que no lo autoriza, no va a pedirle que lo haga.
Por su parte, la Generalitat de Cataluña "no puede dirigirse a Correos", dado que no tiene ningún tipo de competencia transferida para poder solicitar a esta entidad que acometa esta tarea de reparto electoral.
Por tanto, conforme el artículo 22.5 de la ley postal y en virtud de la competencia exclusiva atribuida al Estado en materia postal en el artículo 149.1.21 de la Constitución española, "sólo el Gobierno de la Nación puede imponer estas obligaciones de servicio público a Correos, mediante acuerdo de Consejo de Ministros".El Parlament presentará alegaciones por la suspensión de la ley de consultas
La presidenta del Parlament catalán, Núria de Gispert, ha anunciado hoy que la cámara presentará alegaciones contra la suspensión de la ley de consultas por parte del Tribunal Constitucional (TC) y hará constar un"incidente" como argumento para pedir el "levantamiento inmediato" de la citada suspensión.
Núria de Gispert ha dado a conocer la presentación de alegaciones en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa del Parlament, en la que también ha indicado que el orden del día del pleno que empieza mañana se iniciará sin modificaciones, lo que incluye el punto específico para designar los miembros de la Comisión de Control de las consultas.
La Mesa del Parlament ha acordado, en concreto, que "en el momento en que recibamos la notificación formal del TC de que la ley de consultas ha sido suspendida de forma cautelar, los servicios jurídicos de la cámara han recibido la orden de presentar alegaciones en el plazo que corresponda", pero "tan pronto como sea posible" y "creo que podrá ser esta misma semana". Junto a las alegaciones, el Parlament presentará otro escrito en el que hará constar "un incidente" para pedir "el levantamiento inmediato de la suspensión".
La presidenta Núria de Gispert ha indicado que la cámara sólo puede presentar alegaciones por la ley de consultas y no por el decreto de convocatoria de la consulta, que fue aprobado por el Govern, y también ha recordado que el Parlament aprobó la citada ley"con una amplísima mayoría de 106 diputados", motivo por el que le corresponde "defenderla".
De Gispert ha matizado que la resolución de ayer del TC por la que suspendió cautelarmente la ley"es automática, al actuar de acuerdo con el artículo 161 de la Constitución, y no entraba en el contenido, solo en la forma", por lo que dicho que el alto tribunal "tiene aún que argumentar la suspensión, y en cualquier momento puede revisarla o incluso levantarla".
En las alegaciones, el Parlament argumentará que la ley de consultas"es una ley general que emana del Estatut, no es una ley 'ad hoc' (hecha exprofeso) para hacer una sola consulta, como dicen algunos, sino que sirve para todas".
También recordará que en la resolución del TC dictada con motivo de la suspensión de la "declaración de soberanía" se decía "que el derecho a decidir se puede ejercer".Designación de los miembros de la Comisión de Control de las Consultas
Por lo que respecta al orden del día del pleno del Parlament que empieza mañana, y que incluye un punto específico para designar a los miembros de la Comisión de Control de las consultas, de acuerdo con la ley que ha quedado suspendida, la presidenta ha explicado que Ciutadans ha pedido que se retire esta cuestión.
La Mesa, sin embargo, ha explicado De Gispert, "no puede modificar un orden del día que ya ha sido aprobado por la Junta de Portavoces", por lo que la única forma de cambiarlo es que el pleno lo apruebe, y para ello es preciso que haya una petición avalada por como mínimo dos grupos o una quinta parte de los diputados.
Según la presidenta del Parlament, modificar el orden del día del pleno "es una decisión política no jurídica" y, en todo caso, si se aprueba la designación de los miembros de la Comisión de Control no significa que ya estén nombrados, porque esto último lo debe hacer el Govern mediante un decreto.
"La designación no es un acto definitivo, la ley de consultas dice que para que entren en vigor los nombramientos tiene que haber un decreto -ha explicado-, con lo cual el pleno se limitaría a designarlos pero tiene que ser el Govern quien efectúe el nombramiento".
De Gispert ha indicado, asimismo, que mientras no esté creada la Comisión de Control de las consultas, "funciona la Comisión de Control de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP)", que asume provisionalmente sus funciones.
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