"La gente está equivocada cuando piensa que a Garzón se le impide investigar los crímenes del franquismo"

Joaquín Ruiz de Infante, abogado de Alcor Asociados, responsable de la acusación en el caso abierto contra el juez por su investigación en los crímenes del franquismo y encargado de elaborar la técnica querella presentada por la Asociación Libertad e Identidad, lamenta que la mediatización del caso haya provocado que la gente piense que se está impidiendo a Baltasar Garzón investigar estos hechos. "Están equivocados, es un problema técnico, de derecho, porque --Garzón-- infringió las normas", asegura el letrado.

Pregunta. ¿En qué razonamientos se sustenta la querella que presentaron la Asociación Libertad e Identidad y Manos Limpias contra Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo?

Respuesta. La razón fundamental es que Garzón se salta las normas. Sin embargo, de cara al público parece que se le ha impedido continuar una investigación por los crímenes del franquismo, pero la realidad es que Garzón sabía que no podía juzgar estos hechos e infringe una serie de normas de derecho internacional, así como normas básicas del ordenamiento penal. Con ello lo que hace el juez es olvidar la posición del legislador, es decir la división de poderes se queda rota.

Esto se produce en el marco de la nueva Ley de la Memoria Histórica, pero Garzón decide, por su propia cuenta, no esperar a conocer las vías de investigación y las vías públicas de resarcimiento de las víctimas y decide ser el protagonista, infringe estas normas internas e incluso contradice sus propias resoluciones, como en el caso de Paracuellos de 1998 que resuelve que estos hechos no se pueden juzgar e incluso criticó duramente al abogado que lo planteó por considerar que estaba fuera de su deontología profesional.

P. En su opinión, ¿qué errores ha cometido el juez a lo largo de este proceso contra él?

R. No es tanto que haya cometido errores en este procedimiento, sino que en sus actuaciones en la investigación contra los crímenes de franquismo cometió infracciones tan evidentes que, desde mi punto de vista, no ha podido contradecir en el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo. En la instrucción de este caso, el juez del Supremo Luciano Varela ha analizado los puntos planteados en las querellas para conocer si había credibilidad en la acusación y si existían elementos objetivos para juzgar a Garzón.

P. Hace menos de una semana el Supremo desestimó uno de los cinco recursos de apelación presentado por Garzón, ¿a qué se deben tantos recursos?

R. Garzón lo que intenta en un primer momento es detener la investigación y para ello considera que no hay ninguna prueba que practicar porque todo lo que hay en la causa demuestra que es inocente e incluso acusa a Varela de retrasar la causa. Sin embargo, cuando ve que la causa sigue adelante plantea una serie de diligencias de prueba que no tienen ningún sentido, como las declaraciones de autoridades y personalidades de derecho internacional, que quedan ajenas a este procedimiento. No se está investigando si es bueno o malo juzgar los crímenes del franquismo, sino si realmente Garzón infringió las normas.

La sala del Supremo ha reconocido la buena labor del magistrado de instrucción (Luciano Varela) y considera que no procede practicar más pruebas.

P. ¿Cuáles son los siguientes pasos en el procedimiento?

R. Quedan pendientes una serie de recursos porque Garzón ha recurrido prácticamente todo, incluso, desde mi punto de vista, resoluciones no recurribles, pero está en su derecho de ejercitar su defensa como mejor le convenga. Creo que todos los recursos van a ser resueltos con desestimaciones. Una vez resueltos todos, el Supremo señale fecha para juicio, pero la fecha es impredecible, aunque supongo que para finales de año ya tendría que estar señalizada el día del juicio.

P. ¿Qué consecuencias puede tener en el proceso el traslado de Garzón al Tribunal Internacional de La Haya?

R. Entiendo que no debería tener ninguna incidencia. La mayor dificultad puede ser que Garzón continúe con el ejercicio de sus funciones en La Haya cuando sea citado a juicio, pero no sé si aún estará en este puesto porque su permanencia era de siete meses.

P. Si fuera condenado en esta causa ¿cuáles serían las consecuencias en la carrera del juez? ¿y con respecto a los otros dos procedimientos abiertos contra él en el Supremo?

R. Sería una inhabilitación definitiva porque nosotros estamos pidiendo 20 años de inhabilitación especial. No sé las penas que están pidiendo en los otros procedimientos, pero el tiempo de inhabilitación se sumaría, puesto que son acumulables.

P. ¿Qué efectos puede tener en la opinión pública ver a un juez sentado en el banquillo de los acusados?

R. El problema es que es un caso muy mediatizado. Hay un criterio político y social que quiere hacer de este procedimiento una batalla política. El proceso es estrictamente jurídico y las razones por las que se le va a juzgar a Garzón son exclusivamente jurídicas porque es un problema técnico, un problema de derecho y no tiene nada que ver la política en este proceso.

Que algún sector quiera hacer de esto una cuestión política ya se ve. Algunos sectores creen que este procedimiento lo que hace es impedir que se juzguen los hechos del franquismo, cuando es totalmente ajeno.

Antes de cualquier querella se interpusiera contra Garzón, él mismo se declaró incompetente. La gente está equivocada cuando piensa que se le está impidiendo a Garzón investigar y no es así, él mismo ya señaló que no podía juzgarlo.

P. Entonces, ¿podría abrirse otra investigación por los crímenes del franquismo?

R. Desde mi punto de vista, es difícil que pueda haber otra investigación judicial. Sin embargo, esto no quita para que, a través de la Ley de Memoria Histórica, pueda haber un reconocimiento de las víctimas, una investigación de los hechos y una búsqueda más intensiva para la identificación de las víctimas. Todo esto esta previsto en la ley, pero desde un punto de vista administrativo, desde el Gobierno. Los jueces aquí tienen limitaciones, ya que, tal y como está la ley, no se les permite abrir un procedimiento histórico.