La impugnación de la asamblea de 2010 se resolverá mañana en los juzgados

Barcelona, 23 oct.- El presidente del FC Barcelona Sandro Rosell está citado mañana a declarar en la vista oral que se celebrará en el juzgado de primer instancia número 30 de la capital catalana sobre la impugnación de la asamblea de compromisarios de 2010 por parte del expresidente de la entidad azulgrana Joan Laporta y sus directivos.

En aquella asamblea de 16 de octubre de 2010, los socios compromisarios del Barça votaron, a instancias de la junta directiva que ahora preside Rosell, iniciar una acción de responsabilidad contra Laporta y su equipo directivo por las 48,7 millones de euros de pérdida acumuladas en su mandato.

Esta circunstancia provocó que Laporta acudiera a los juzgados para impugnar la citada asamblea, alegando que en la misma se había infringido no solo los estatutos del club, sino también la Ley del Deporte.

En concreto, la demanda en la que se basa la petición de impugnación invoca el artículo 50 de los estatutos del FC Barcelona, al entender Laporta que se le impidió explicar a los socios los resultados económicos de su gestión.

De hecho, en aquella asamblea la actual junta aprobó unas pérdidas de 79,6 millones en la temporada 2009-10, mientras que Laporta había cerrado el citado ejercicio con 11,1 millones de superávit.

Asimismo, los demandantes entienden que la votación en la que se acordó la acción de responsabilidad no reunió los requisitos que establece la Ley del Deporte, que pide que sea aprobada por la mayoría simple de los asistentes a la asamblea y no por mayoría de votos emitidos, como sucedido en este caso.

Además de Rosell, han sido citados a declarar Javier Faus, vicepresidente económico del club, Toni Freixa, secretario de la junta directiva, el notario que dio fe de los acuerdos y un representante de KPMG, la auditora contratada por el club para explicar las cuentas en la asamblea y que atribuyó las pérdidas millonarias a la junta de Laporta.

En la demanda, el expresidente y sus directivos solicitaron la suspensión cautelar de los acuerdos de la asamblea del año pasado, petición que la jueza desestimó en su día.