La imputación del vicealcalde de Zaragoza, otro 'incendio' para Belloch

"Preocupación y espera a ver qué dictamina la Justicia", de esta manera definen la situación dentro del Ayuntamiento de Zaragoza tras la imputación este viernes del vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, junto a los otros doce miembros del consejo de administración de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) en el 'caso apartadero',que investiga una posible prevaricación administrativa.

Fuentes internas del grupo socialista aseguran a este medio que el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, confía "ciegamente" en su segundo de a bordo, en referencia a Gimeno, tras una conversación mantenida tras su imputación.A Belloch se le acumulan los problemas

Pero, algunos sectores del partido ya expresan malestar con lo que sucede en el consistorio ya que "se le acumulan los problemas", en referencia al 'posible agujero' que destapó la Cámara de Cuentas de Aragón de 362 millones de euros tras fiscalizar su situación financiera al cierre del ejercicio de 2011.

El órgano fiscalizador le concedió el pasado mes al Ayuntamiento el plazo máximo de alegaciones que terminará en esta próxima semana. Según explicó a Lainformacion.com el presidente de la Cámara, Antonio Larguarta: "está previsto que todo quede aclarado antes del verano", aseguró.Gimeno no es la única imputación en el Ayuntamiento

Además del vicealcalde, Fernando Gimeno, entre los imputados del Ayuntamiento de Zaragoza figuran la Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Carmen Dueso y la Consejera de Del Mayor, Isabel López que formaron parte del Consejo de Administración de Plaza (al tener el Ayuntamiento un 12,5 por ciento de representación en dicha Plataforma Logística) durante los años 2008 y 2009 que es precisamente el periodo que está siendo investigado por el juez.En qué consiste el 'Caso apartadero'

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello investiga el cuarto caso ('caso apartadero') dentro del 'caso Plaza' de las presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata para el apartadero ferroviario de Plaza a la UTE de Acciona por 8,43 millones de euros, y la urbanización posterior, por 7 millones de euros, de la zona de reserva para futuros crecimientos del complejo logístico.

La Plataforma Logística Plaza adjudicó la contrata para elaborar el proyecto y ejecutar las obras del apartadero ferroviario en el verano del 2008 a la UTE liderada por Acciona, mientras que asignó el movimiento de tierras de la zona de reserva a la misma unión empresarial a finales del año siguiente (una urbanización por 7 millones de euros).

La Fiscalía llevó las dos contratas al juzgado en julio al advertir, tras recibir un informe preliminar de la delegación del ministerio público en el Tribunal de Cuentas, indicios de prevaricación en los expedientes.

La plataforma logística basó la adjudicación de los contratos en un estudio de ofertas que, según la Fiscalía, "carecen de fecha, firma e identificación de su autor", que "consiste en meros cuadros de puntuaciones" y en los cuales no aparecían "los motivos de las puntuaciones otorgadas a cada uno de los licitadores", salvo el referente al precio.

El informe señala que tanto el apartadero como el movimiento de tierras fueron adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad, pese a que los "aspectos a negociar (entre Plaza y la UTE liderada por Acciona) no se precisaron" en los documentos que recogen las cláusulas que rigieron los concursos, mientras que los criterios de adjudicación "figuran en un anexo que no se menciona en el pliego"."Ni la mafia"

El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, se mostró sorprendido por su imputación este viernes y en rueda de prensa aseguró que el hecho de estar imputado supone que "se puede acudir como testigo con un abogado para que el proceso sea más garantista" y ha subrayado que "no hay una acusación formal de prevaricación".

Tras explicar que la prevaricación es "hacer algo ilegal con conocimiento", ha ironizado que el "poner de acuerdo a todo un consejo de administración para hacer algo ilegal, ni la mafia lo consigue".

Otro aspecto que ha querido dejar claro es que el auto del juez "no dice que el consejo de administración se llevara dinero, sino que la forma de hacer un contrato se debería haber hecho de otra forma" en referencia a unos cambios en las obras de la vía ferroviaria para permitir que se instalara una "importante empresa de distribución y otro complejo de una empresa deportiva".

Al respecto, ha señalado que la empresa a la que se adjudicaron las obras "fue la oferta más barata" y la decisión "fue por unanimidad y con los informes técnicos y jurídicos de acuerdo a la legalidad y creo que el acuerdo que se adoptó se ajustó a la legalidad", ha remachado.

El vicealcalde ha confiado en que este asunto se resuelva cuanto antes porque "creo que se hizo bien, estoy absolutamente convencido" y ha reconocido que este tipo de"comunicaciones no ayudan a mejorar la imagen de las instituciones".

Gimeno ha apreciado que estas decisiones judiciales afectan a la imagen de las instituciones y "ya no hay Dios que evite que los ciudadanos piensen que hay otros que también se lo han llevado", pero en este caso "no afecta a dinero", ha puntualizado.

A su parecer, la política "empieza a ser una actividad de riesgo", ha reiterado que "no lo esperaba, bajo ningún concepto" y ha añadido que "no me ha gustado nada y conviene que se resuelva cuanto antes" para mostrarse convencido de que las diligencias del juez "terminarán pronto".IU y CHA reclaman a Belloch el cese de los imputados

El portavoz del grupo de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha reclamado al alcalde, Juan Alberto Belloch, que cese a los tres concejales imputados en el 'caso apartadero'.

Alonso coincide con el portavoz del grupo municipal de CHA, Juan Martín, en esgrimir el mismo argumento en referencia a que si en 2009 el alcalde cesó al exconcejal de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Antonio Becerril, por ser imputado tras unas escuchas telefónicas de la 'Operación Molinos' ahora tendría que hacer lo propio con estos otros tres representantes municipales. "Pedimos que se aplique la doctrina Belloch. Es un caso similar y entendemos que el alcalde tiene que actuar de igual forma", comentaron ambos portavoces.

Al respecto, el portavoz de CHA enfatizó que "las instituciones están por encima de los partidos y del PSOE", en alusión a que los tres imputados municipales son de este partido, y ha subrayado que "es una situación especialmente grave porque afecta a la mitad del equipo de gobierno de la ciudad".

Martín defenderá esta postura en una moción, en el próximo pleno municipal, si bien ha confiado en que no se llegue a debatir porque "estamos convencidos de que el alcalde los cesará porque no puede ser de otra manera" y ha abundado al indicar que "desde la honorabilidad de las instituciones, el Gobierno no puede estar nunca en manos de imputados".