La juez deja libre a Agustín Barberá y le imputa 247 ayudas "arbitrarias"

Sevilla, 27 jul.- La juez que investiga los ERE fraudulentos ha dejado hoy libre sin fianza al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, a quien ha culpado de conceder 247 ayudas con las que "institucionalizó la arbitrariedad y la desigualdad en su otorgamiento".

En un auto de imputación al que ha tenido acceso EFE, la juez Mercedes Alaya culpa a Barberá de haber concedido ayudas millonarias "sin ningún control, al estar huérfanas del procedimiento legalmente exigible", lo que permitía "un uso llamativamente abusivo en el manejo de los fondos públicos".

Estas ayudas "presuntamente se regalaban a determinadas personas físicas o jurídicas, que conformaban un extenso grupo, cuyos privilegios procedían de su proximidad a cargos de la Junta de Andalucía, a sindicatos y al PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación o conveniencia política".

Barberá ha sido hoy el quinto exalto cargo de la Junta que comparece como responsable de las ayudas investigadas y el primero que se ha acogido a su derecho a no declarar, tras lo cual la juez le ha dejado libre sin fianza pero con la obligación de entregar su pasaporte y comparecer en el juzgado todos los lunes.

El hecho de que la Fiscalía Anticorrupción no pidiese prisión para él ha motivado las quejas del abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde marzo, quien ha asegurado a Efe que estudia presentar una denuncia por prevaricación contra el fiscal encargado del caso.

Este abogado, Fernando de Pablo, ha dicho que "no es justo" que de los cinco exaltos cargos que hasta ahora han declarado como imputados haya dos en prisión y estén libres los directores generales que sucedieron a Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, y ahora Barberá quede en libertad pese a ser el superior jerárquico de su cliente.

La juez ha notificado hoy a las partes el recurso en el que el abogado del exconsejero Antonio Fernández -encarcelado desde abril- pide quedar libre sin fianza, o que se produzca una "sustancial rebaja" de la fianza de 450.000 euros impuesta, o que pueda presentarla con avales y no con dinero en efectivo.

En total, según la juez, bajo el mandato de Barberá se concedieron 220 ayudas sociolaborales y 27 ayudas directas por importe de 468.015.084,66 euros, todas ellas otorgadas con ayuda de un sistema diseñado para "seguir eludiendo los severos controles que podía ejercer la Intervención de la Junta de Andalucía".

Barberá, que estuvo en el cargo entre 2004 y 2010, conoció que el sistema investigado era "irregular" cuando la Intervención General de la Junta realizó en 2005 los informes de Cuentas Anuales, pero él lo mantuvo e incluso "con despreocupación", tampoco ordenó ni supervisó que se constituyeran las Comisiones de Seguimiento para comprobar el fin dado a las ayudas, lo que habría evitado que "sirvieran para enriquecer a sus perceptores o para destinarlas a un fin distinto al que fueron concedidas", según Alaya.

Entre otros, le ha imputado las ayudas de 30 millones de euros a empresas del entorno de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) y él mismo exconcejal del PSOE, haber permitido la inclusión de veinte "intrusos" que nunca habían trabajado en las empresas y una "considerable concentración" de subvenciones en Jerez de la Frontera (Cádiz), de donde era natural el entonces consejero Antonio Fernández.

La juez dice que la mayor parte de las empresas a las que se concedieron ayudas en la etapa de Barberá "carecían de la menor actividad pues no tenían empleados".

Aunque no ha pedido fianza penal, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le imponga una fianza civil de 624 millones de euros, cantidad que el letrado de la Junta ha fijado en 18 millones y sobre la que la juez se pronunciará en los próximos días.