Mercedes Alaya, la juez encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, ha impuesto una fianza de 686 millones de euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso en prisión desde el pasado sábado, en concepto de responsabilidad civil.
Esta fianza rebaja la petición inicial de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado 933 millones de euros.
Según del caso, la magistrada rechaza además en el auto notificado este viernes a las partes la petición de la defensa de Guerrero de apartar a la Junta de Andalucía como acusación particular en este procedimiento, así como que sea considerada responsable civil subsidiaria.
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