Madrid, 12 sep.- La Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas ha superado hoy el primer paso de su tramitación parlamentaria al rechazar el Congreso las tres enmiendas a la totalidad presentadas por IU, UPyD y ERC.
Por 176 votos en contra (PP, CiU y PNV), 22 a favor (IU, ERC y UPyD) y 118 abstenciones (PSOE), la Cámara baja ha rechazado las tres enmiendas a la totalidad que pedían también la devolución del texto al Gobierno.
Ante el pleno de la Cámara baja, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha destacado que la nueva ley protege los valores esenciales de las Fuerzas Armadas y "estrecha y fortalece el vínculo del derecho con las reglas disciplinarias" de los militares.
Tras repasar sus principales aspectos, el ministro ha ofrecido la voluntad de consenso del Gobierno en la tramitación de la ley, que debe ser, ha dicho, aprobada con "amplias mayorías".
El Congreso tramita esta ley, que, remitida por el Gobierno a las Cortes el pasado 10 de mayo, supone una revisión de infracciones y sanciones, introduce como novedad sanciones económicas y endurece las relacionadas con la discriminación o acoso sexual.
Llega al Congreso con un año de retraso, ya que la ley de derechos y deberes obligaba a su aprobación antes del verano de 2012, una cuestión que ha justificado el ministro al señalar que la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones en 2011 paralizó su tramitación.
Morenés ha destacado, entre otras cuestiones, que la nueva ley mantiene las faltas disciplinarias, refunde las leves y establece nuevas faltas graves.
IU, UPyD y ERC han rechazado la ley y han coincidido en que se ha perdido una oportunidad para modernizar la justicia militar y adaptar las Fuerzas Armadas a los tiempos actuales, mientras que PSOE, PNV y CiU han criticado la ley pero han confiado en introducir cambios durante su trámite parlamentario.
IU ha pedido la retirada del proyecto aludiendo al cumplimiento de la disposición final octava de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas.
Para IU, mantener la sanción disciplinaria de arresto constituye una de las "líneas rojas" que no pueden mantenerse en un proyecto moderno que regule el uso de la potestad disciplinaria.
Según José Luis Centella, la ley "lleva a otra época histórica" y "busca la disciplina y jerarquía por encima de la ley".
Por su parte, la portavoz de UPyD, Irene Lozano, ha considerado que mantiene "el inmovilismo de muchas de las viejas raíces de la disciplina militar del anterior régimen" y ha destacado que no se pueden tener ejércitos modernos y profesionales sin considerar a los militares como ciudadanos de primera.
Ha propuesto que la nueva norma elimine el arresto por faltas leves y ha manifestado que "no entiende que puedan existir valores de mayor rango jerárquico en el ámbito castrense que merezcan más protección que los derechos y libertades reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico".
Para el portavoz de ERC, Alfred Bosch, también "se ha perdido una oportunidad única" para castigar severamente cualquier tentación agresiva dentro de las Fuerzas Armadas.
En este sentido ha aludido a los mensajes golpistas en los últimos años y las declaraciones contra el proceso soberanista en Cataluña.
El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, ha denunciado las carencias de la ley y ha criticado que mantiene el arresto o privación de libertad por falta leve.
El portavoz del PP, Vicente Ferrer, ha respaldado la nueva ley y el mantenimiento de las faltas leves y la disminución de los arrestos, en similares términos que en los países de nuestro entorno.
Ha tendido la mano del PP para negociar cualquier aportación de los grupos de oposición durante el trámite parlamentario.
La nueva normativa sustituye a la anterior de 1998 y entre sus principales novedades introduce la sanción económica de uno a quince días y reduce a la mitad las sanciones máximas de arresto: de treinta a catorce días por faltas leves y de dos meses a treinta días por faltas graves.
Establece el cumplimiento de arrestos por faltas leves en las unidades militares o en los domicilios de los sancionados, en lugar de en establecimientos penitenciarios. EFE
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